Las economías criminales en Colombia de grupos como el ‘Clan del golfo’ encuentran en el oro una de sus principales fuentes de financiación. Se estima que hasta el 80 % del oro que se produce en Colombia podría tener origen ilegal, lo que muestra el nivel de penetración de estas redes dentro del sector minero.
(Vea también: Extorsión asfixia a Santa Marta: así operan los grupos armados que amenazan al turismo y la economía local)
El impacto de este negocio no solo radica en su volumen, sino en su alcance. Según reveló El Tiempo, las ganancias de la minería ilegal alcanzan cerca de 8.400 millones de dólares al año, lo que equivale a más de 33 billones de pesos, una cifra comparable con el costo de al menos cuatro emergencias económicas en el país.
Detrás de estas cifras operan estructuras criminales que migran o diversifican sus ingresos hacia el oro. A diferencia de otros mercados ilícitos, este mineral ofrece ventajas clave: es fácil de transportar, difícil de rastrear y puede ingresar al circuito legal con relativa facilidad, lo que facilita el lavado de dinero y fortalece las finanzas de grupos armados.
En regiones como Chocó, Antioquia, Cauca o la Amazonía, estas organizaciones no solo controlan la extracción, sino que también imponen condiciones a comunidades y mineros, cobran extorsiones y dominan economías locales enteras. La minería ilegal se convierte así en un sistema paralelo que mezcla control territorial, violencia y rentas ilícitas.
“La relación entre esos grupos criminales y quienes hacen la extracción ilegal es de beneficio mutuo. Aquí los violentos no solo se lucran de los porcentajes por la cantidad de oro, sino que además cobran renta por cada maquinaria pesada que ingresa al territorio: entre 5 y 8 millones de pesos”, señaló Adriana Magaly Matiz, gobernadora del Tolima, y se refirió al caso puntual del municipio de Ataco.
¿Por qué grupos armados le apuntan a la extracción ilegal de oro?
El auge del precio internacional del oro ha sido otro factor determinante. El incremento de su valor en los mercados globales ha hecho que esta actividad resulte cada vez más rentable, incentivando la expansión de operaciones clandestinas y atrayendo a nuevos actores criminales.
Además, el negocio no se limita a la extracción. La cadena incluye comercialización, exportación y blanqueo del mineral, lo que implica redes complejas que operan tanto dentro como fuera del país. Expertos advierten que esta estructura permite que el oro ilegal termine integrándose en mercados formales sin mayores controles.
A esto se suma el impacto ambiental, uno de los más graves. La deforestación, la contaminación de ríos con mercurio y la destrucción de ecosistemas afectan especialmente a comunidades rurales e indígenas, profundizando desigualdades y provocando nuevas tensiones sociales.
En este contexto, autoridades y analistas coinciden en que la minería ilegal se ha consolidado como una de las principales amenazas para la seguridad y la economía del país. Mientras continúe produciendo ingresos de esta magnitud, seguirá siendo un motor clave del crimen organizado y un desafío estructural para el Estado colombiano.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
