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Un trabajador del sector minero falleció en Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, luego de quedar sepultado por un alud de tierra mientras extraía oro en un socavón. De acuerdo con los organismos de socorro y las autoridades locales, el deslizamiento ocurrió de forma repentina y no ofreció oportunidad alguna de escape para la víctima. Este tipo de incidentes se ha presentado con frecuencia en Antioquia y otras regiones del país, revelando una realidad alarmante sobre la seguridad minera. Datos y advertencias previas de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y dependencias departamentales de gestión del riesgo han mostrado que la minería subterránea, la presencia de suelos inestables y las temporadas de lluvias incrementan significativamente el peligro de movimientos de tierra, impactando tanto a los trabajadores como a las poblaciones vecinas.
El caso de Cáceres sigue un patrón observado en otras emergencias recientes en minas de la región antioqueña: el desencadenante suele ser el colapso repentino de materiales dentro de túneles o galerías, explicable por la inestabilidad geotécnica de estos espacios. Un evento similar tuvo lugar en enero de 2026 en el corregimiento de Liberia, en Anorí, donde dos mineros quedaron enterrados tras un alud, sin que pudieran reaccionar oportunamente, según reportes oficiales. En los municipios del Bajo Cauca, como Cáceres, la explotación aurífera ocurre en un entorno diverso de minas formales, informales y artesanales. Los reportes coinciden en que, tras estos desastres, algunos trabajadores logran escapar mientras otros quedan atrapados, motivando complejas operaciones de rescate lideradas por bomberos, Defensa Civil y equipos especializados de salvamento minero.
Ejemplo de esta situación fue el accidente en la mina La Reliquia, en Segovia, donde un deslizamiento de tierra dejó a 23 empleados atrapados dentro de un socavón. En este caso, los equipos de rescate, siguiendo los protocolos estandarizados en Antioquia, establecieron comunicación con los atrapados y mantuvieron el suministro de aire, agua y alimentos mientras progresaban en la evacuación. Sin embargo, la suerte de quienes trabajan en socavones informales suele ser mucho más precaria; la falta de infraestructura, ausencia de estudios técnicos y carencia de planes de emergencia elevan el riesgo de mortalidad de forma considerable, de acuerdo con antecedentes presentes en el Bajo Cauca y otras áreas mineras.
El impacto de estos accidentes va más allá de la estadística. Para municipios como Cáceres, donde la minería de oro es una de las principales fuentes de sustento, cada muerte en una mina representa no sólo una tragedia humana sino un golpe social y económico que se siente en comunidades vulnerables. El listado de emergencias se extiende por Antioquia y otros departamentos, con historias similares: derrumbes en minas de oro y carbón, avalanchas en zonas urbanas y rurales e incluso tragedias de gran magnitud, como el deslizamiento de 2025 en Bello que dejó al menos 25 fallecidos y cerca de 900 evacuados, según la Unidad de Gestión del Riesgo.
Las autoridades ambientales y organismos de gestión del riesgo han reiterado la urgencia de fortalecer la prevención y revisar las condiciones de las explotaciones mineras, así como la pertinencia de evitar asentamientos en zonas propensas a deslizamientos. En tanto se aclaran las circunstancias respecto a la legalidad y condiciones técnicas de la mina donde ocurrió el reciente accidente en Cáceres, la reiteración de estos hechos subraya los desafíos pendientes para garantizar la seguridad de los trabajadores del sector minero y de las comunidades asentadas en áreas de alta vulnerabilidad.
¿Qué medidas pueden adoptar las comunidades mineras para mitigar el riesgo de derrumbes?
Frente a la reiteración de accidentes fatales en minas subterráneas de Antioquia, la pregunta sobre cómo reducir el riesgo cobra especial relevancia para quienes viven y trabajan en el Bajo Cauca u otras zonas con actividad aurífera. Las recomendaciones emitidas por organismos especializados y la Agencia Nacional de Minería hacen hincapié en la necesidad de formalizar las actividades, realizar estudios geotécnicos y actualizar permanentemente los planes de emergencia, elementos que suelen estar ausentes o desactualizados en explotaciones informales o artesanales.
La capacitación en temas de seguridad, la implementación de sistemas de monitoreo para detectar movimientos inestables en taludes y techos, y una mayor supervisión por parte de las autoridades son acciones clave. El contexto de vulnerabilidad social y económica de las comunidades mineras hace que la adopción de estas medidas sea aún más urgente, pues no sólo se trata de proteger la vida de los trabajadores sino de salvaguardar el sustento de cientos de familias que dependen directamente de la extracción de oro en regiones como el Bajo Cauca antioqueño.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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