A pesar de las dudas que circularon en los últimos días, la exigencia de contar con licencia de construcción continúa vigente en Colombia. Así lo aclaró el Colegio Nacional de Curadores Urbanos, luego de que la firma del decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025 desatara interpretaciones equivocadas sobre supuestos cambios en los trámites para remodelaciones y obras menores.
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En diálogo con El País, Martha Palomino, vicepresidenta del Colegio, fue enfática en que la norma no elimina el requisito para quienes deseen hacer modificaciones que, según la ley, requieren una licencia formal. Recordó, además, que el decreto aún no está reglamentado y que el Gobierno Nacional tiene un plazo de seis meses para hacerlo, por lo que la normativa actual sigue intacta.
¿Qué es lo que realmente modifica el decreto 1166?
El punto que generó confusión tiene que ver con la introducción de la figura de la “carta de responsabilidad”, un documento técnico que puede reemplazar la licencia de construcción, pero solo en situaciones muy específicas.
Según explicó Palomino, esta carta no es un permiso universal ni una vía libre para remodelaciones sin control. En realidad, es una herramienta pensada exclusivamente para viviendas de interés social (VIS), viviendas progresivas y proyectos de autoconstrucción que hayan sido beneficiarios de subsidios del Gobierno Nacional, sin importar cuándo fueron entregados.
¿Quién otorgará esas cartas?
La funcionaria detalló que las cartas de responsabilidad serán emitidas y certificadas por el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las cajas de compensación familiar. Estas instituciones deberán verificar que las obras cumplan con las normas de sismorresistencia, que son las que garantizan la seguridad estructural en un país con un nivel sísmico tan alto como Colombia.
Palomino, en la conversación con el medio citado, recalcó que estas entidades serán las encargadas de dar fe del cumplimiento técnico: “Esos serán los responsables de certificar el cumplimiento de esas normas de sismorresistencia que avalan todo el tema sísmico y de ingeniería civil de la nación”, afirmó.
El Colegio Nacional de Curadores Urbanos insistió en que el concepto de autogestión que trae el decreto no significa flexibilización total. Al contrario, es un mecanismo restringido y diseñado para facilitar procesos en sectores específicos de la población.
“La exigencia de licencias no desaparece, simplemente se incorporan nuevas entidades que pueden avalar estas obras, pero únicamente para viviendas progresivas, autoconstrucción, VIS y casos muy puntuales”, reiteró Palomino.
Finalmente, la vicepresidenta recordó que las normas de licenciamiento y supervisión técnica existen por una razón fundamental: proteger vidas.
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Finalmente, subrayó que la verificación adecuada de licencias se vuelve aún más crucial en intervenciones de gran impacto: “Lo que debe prevalecer es la vida de la persona. Por esa razón salieron las normas de sismorresistencia en el país, porque estamos en una zona sísmica muy alta”.
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