El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...
El reciente cese del cuarto paro minero desde 2023 en el Bajo Cauca no significa una solución duradera para la tensión que persiste en esta región de Antioquia. Según una investigación del periódico El Colombiano, la combinación de precios internacionales del oro que acumulan récords desde 2019, la interrupción en la delegación minera departamental que obliga a canalizar cualquier trámite exclusivamente a través del Gobierno Nacional, y la injerencia de grupos armados que administran extracción industrial con equipos millonarios, han intensificado la conflictividad. Estos grupos generan impactos medioambientales severos, arrasando ríos y bosques, a la vez que alteran las dinámicas sociales y económicas locales.
El levantamiento de la más reciente protesta, resultado de conversaciones entre líderes de la Mesa Minera y el Ejecutivo nacional, apenas puso paños de agua tibia a un problema ampliamente enraizado. Las movilizaciones, que iniciaron el 16 de marzo, fueron detonadas por al menos 17 operativos policiales en contra de la minería ilegal, donde la Fuerza Pública incineró maquinaria pesada utilizada en la extracción aurífera. Mientras las autoridades identifican estas máquinas como patrimonio de estructuras criminales, los mineros las defienden como herramientas de subsistencia y denuncian decisiones arbitrarias que afectan a familias ajenas al crimen organizado. Con el paso de los días, y tras episodios de violencia, se acordaron compromisos similares a los de negociaciones anteriores, sin garantizar cambios estructurales a largo plazo.
La predominancia de la minería aluvial —que implica la extracción de oro en los lechos y riberas de los ríos— distingue al Bajo Cauca de otras regiones mineras, cuyas operaciones suelen ser subterráneas. Esta modalidad, sumada al boom del precio internacional del oro (de 1.730 dólares la onza en 2019 a 4.491 dólares este mes), ha impulsado tanto la llegada de maquinaria industrial como la proliferación de actores criminales y mineros informales que aprovechan las debilidades institucionales del territorio.
Datos citados por El Colombiano y la Procuraduría advierten sobre la magnitud de la ilegalidad: entre el 80% y el 87% del oro exportado en Colombia proviene de fuentes ilegales, pese a que Antioquia es líder nacional en producción formal, duplicándola en los últimos cinco años. La actividad ilícita genera ingresos criminales que superan los 5.500 millones de dólares y, según el gobernador Andrés Julián Rendón, supera incluso el impacto económico de la cosecha cafetera del país.
El trasfondo institucional es igualmente complejo. La pérdida de competencia minera por parte de la Gobernación de Antioquia en 2023 limitó la respuesta local y fragmentó la articulación entre dependencias cruciales como la Secretaría de Seguridad y el Dagran, dificultando la fiscalización efectiva y facilitando nuevos focos de conflicto. Este vacío ha obstaculizado los procesos de formalización, un aspecto que, según Isabel Cristina Castañeda Arango, directora Mineroenergética de Antioquia, los pequeños mineros desean acoger, pero que se topa con trámites lentos y escasamente resolutivos de la Agencia Nacional de Minería. Lucas Velásquez Restrepo, asesor jurídico en temas mineros, sostiene que la solución exige simultáneamente formalización para los pequeños productores y un combate frontal a las mafias mineras, en una acción estatal orquestada que trascienda ideologías y ciclos administrativos. Hasta entonces, el ciclo de paros, ilegalidad y crisis social seguirá siendo un síntoma de problemas estructurales no resueltos.
¿Qué significa minería aluvial y por qué es tan relevante en el Bajo Cauca?
La minería aluvial, según se explica en la información de El Colombiano, es una técnica de extracción aurífera que consiste en remover arenas y gravillas de ríos y sus riberas en busca de oro, sin necesidad de excavar túneles o galerías subterráneas. Esta modalidad ha sido históricamente predominante en el Bajo Cauca, permitiendo desde la colonia la explotación intensiva de los recursos auríferos a cielo abierto. Su relevancia actual radica en que facilita la llegada de maquinaria pesada y actores criminales, además de su mayor impacto ambiental respecto a otras formas de minería.
La facilidad de acceso a los afluentes ha propiciado que miles de mineros informales, junto con grupos con capacidad industrial, operen sin mayores obstáculos, generando un conflicto que entrelaza consideraciones sociales, económicas y ambientales. La dificultad para regular esta práctica, sumada a la ausencia de soluciones estructurales y a la elevada rentabilidad del oro, perpetúa la tensión y la informalidad en la región.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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