Hoy uno de los principales temas de la agenda en Colombia es la inseguridad, que se manifiesta con demasiada y aterradora frecuencia. Es una misma bestia que, además, se presenta con diferentes apariencias. Para evidenciar esto basta con mirar los hechos más destacados en el mes que termina: murió, victima de un ataque a bala, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; trece policías fueron asesinados en Amalfi (Antioquia), por el ataque al helicóptero en el que viajaban; un atentado terrorista dejó seis civiles muertos y otros setenta heridos en Cali, y 34 estuvieron secuestrados durante cinco días en Guaviare.
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La sensación de inseguridad en la ciudadanía está más que justificada, y los reclamos al Gobierno del presidente Gustavo Petro son cada vez más habituales. La situación, como era de esperarse, será un factor decisivo en las consultas internas de los partidos con miras a las elecciones presidenciales y en los mismos comicios en los que se elegirá al próximo mandatario de Colombia. El problema será para los candidatos de izquierda y para el proyecto político progresista que no tienen cómo demostrar que adelantarán una lucha eficaz contra la inseguridad, si no lo han hecho estando en el gobierno. La realidad los está privando de ese argumento.
Si bien se puede destacar la consolidación militar en algunas regiones de Colombia, como el cañón del Micay, en el Cauca, en donde se le han dado golpes importantes a alias ‘Iván Mordisco’, cabecilla de las disidencias de las Farc y principal objetivo de las autoridades —como la entrega a los uniformados de alias ‘Kevin’, jefe de la estructura ‘Carlos Patiño’, y también el abatimiento en Guaviare de alias ‘Dumar’—, está bien documentado el crecimiento y la expansión de los grupos armados. Por otra parte, el país no olvida la imagen del presidente Petro compartiendo tarima en la plaza de La Alpujarra, en Medellín, con capos de bandas criminales presos en la cárcel de Itagüí.
Miguel Uribe Londoño lanza su candidatura
En medio de ese panorama surgió esta semana la figura de Miguel Uribe Turbay, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, que lanzó su aspiración presidencial con un discurso en el que predominó el tema de la seguridad. Competirá contra María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra —que también enarbolan la bandera de la seguridad— para quedarse con la candidatura única del Centro Democrático, pero tiene un factor a favor: ha repetido como víctima de la violencia, que primero le arrebató hace 35 años a su esposa Diana Turbay, y ahora le quitó a su hijo Miguel, cuyas banderas políticas acaba de recoger.
“Las ideas de Miguel, esas que diseminó por toda Colombia en su precampaña, que se han vuelto más fuertes y que tuve el privilegio de ayudar a forjar y construir junto a él, serán por supuesto la guía que me iluminará”, dijo Uribe Londoño en su discurso, y al pintar el país que ofrece habló primero de “una Colombia segura, donde los colombianos no tendremos temor de salir a las calles, donde las plazas y los parques serán espacios de paz, donde nuestros empresarios y emprendedores no tendrán que pagar vacunas producto de la extorsión, una Colombia que no concederá territorios a ningún bandido”.
Sectores de izquierda consideran que se está canalizando, aprovechando, la victimización de Uribe Londoño para un uso electoral, no creen que represente una opción para conducir a Colombia y están seguros de que su candidatura se diluirá en una alianza de derechas de la que saldrá un candidato con más fuerza. Eso puede ser cierto, pero lo que no se le puede quitar al padre de Miguel Uribe Turbay es que recoge con firmeza y autoridad moral la bandera que no ha podido alzar la izquierda: la de la seguridad. “De este sacrificio [el de su hijo] nació un juramento que hoy hago público: Colombia jamás volverá a arrodillarse frente a la injusticia, ni frente a la violencia”, agregó.
Esas palabras no solo tienen un significativo eco en agosto; también en todo el año 2025 que comenzó con la compleja situación de orden público desatada por la confrontación entre el Eln y disidencias de las Farc en el Catatumbo, lo cual derivó en una grave crisis humanitaria con casi cien muertos, más de 50.000 desplazados y no menos de 15.000 confinados; más las constantes amenazas de ‘paros armados’ del Eln en el Chocó, y en junio los más de 20 atentados terroristas simultáneos en el suroccidente del país. Todo arroja el interrogante de qué pasará en lo que queda de este año y en 2026 antes de las elecciones presidenciales.
A la izquierda le va a costar tomar la bandera de la seguridad
Si históricamente los sectores de derecha han hecho de la seguridad un patrimonio político, el actual momento —cuando ya es irreversible el fracaso de la política de “paz total” del presidente Petro (principalmente por su pretensión más bien holística)— refrenda con creces esa condición. Sobre todo, porque cada ataque a la fuerza pública (como el asesinato de policías en Anorí o el secuestro de militares en Guaviare) y cada atentado contra la población civil (como la masacre de Cali) hace que la percepción de inseguridad aumente, lo cual nutre a la oposición y abona candidaturas como la de Uribe Londoño.
El Gobierno del presidente Petro y los sectores de izquierda que lo acompañan han entendido esta situación y buscan quitarles la bandera de la seguridad a sus opositores. El Ejecutivo, por ejemplo, sabe que está perdiendo la disputa política por la seguridad y ha tomado decisiones como cambiar al ministro civil de Defensa Iván Velásquez por el general Pedro Sánchez. Ese relevo no obedeció a un plan estratégico para enfrentar a los grupos armados y restablecer el orden público, sino como reacción para recuperar el terreno perdido frente a la opinión pública. Lo grave es que muchas otras decisiones relativas a la seguridad del país son iguales: no obedecen a líneas estratégicas, sino reacciones a las acciones de los violentos.
Además, la designación del general Sánchez como ministro de Defensa y operaciones militares como la recuperación del cañón del Micay resultan hechos tardíos. En los dos primeros años del Gobierno, los grupos armados ilegales avanzaron territorialmente, consolidaron sus negocios delictivos, crecieron en pie de fuerza y se sofisticaron con el uso de armas como drones, con los que les han causado graves daños a las Fuerzas Armadas. Eso lo ha visto el país, lo que ha representado un claro desgaste del capital político del Gobierno. Ahora los grupos que no están negociando con el presidente Petro, entre ellos, el Eln y las disidencias de las Farc que encabeza alias ‘Iván Mordisco’, escalan la confrontación contra un Gobierno que creen enclenque.
En estas condiciones, y en lo que queda de la administración del presidente Petro, a la izquierda le va a quedar cuesta arriba hacerse con la bandera de la seguridad, más cuando es un gobierno de izquierda el que permitió el grave deterioro del orden público. Por el contrario, pueden soplar vientos favorables para los candidatos de derecha que vienen explotando hábilmente esa situación. Uno de ellos es Uribe Londoño que, en el inicio de su campaña, puso en el primer lugar de sus prioridades el tema de la seguridad.
Puede ser Uribe Londoño o cualquier otro aspirante que le haga ver al país la necesidad de retomar la seguridad, que convierta el tema en motivo de unidad en torno a ese mínimo común, que haga de la seguridad una plataforma superior al mismo candidato, el centro de gravedad capaz de sacar a la mayor cantidad de colombianos a las urnas; que capitalice esa ventaja histórica que le lleva la derecha a la izquierda.
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