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En un operativo de carácter nacional, articulado entre la Policía, Fiscalía General y Migración Colombia, se logró la ocupación de 29 inmuebles que eran utilizados por bandas criminales para captar jóvenes e inducirlas en la prostitución.
Según los elementos de prueba incautados por las autoridades, se determinó que muchas de las víctimas eran ciudadanas venezolanas y varias menores de edad, quienes aprovechaban sus necesidades económicas para obligarlas a sostener relaciones con hombres y mujeres, soportar extensas jornadas de trabajo, y consumir sustancias alucinógenas. Además, se pudo constatar que les retenían el dinero que recibían.
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Las ocupaciones realizadas a bienes en Sabanalarga (Atlántico); Bello y Medellín (Antioquia); San José del Guaviare (Guaviare), y en las localidades de Mártires y Teusaquillo en Bogotá, fue calculado preliminarmente en más de 15.400 millones de pesos.
Las denuncias presentadas por una ciudadana venezolana, según la Fiscalía, fueron determinantes para adelantar acciones contra una red de trata de personas en Sabanalarga (Atlántico).
La víctima denunció que mujeres colombianas llegaban a Venezuela para contactar mujeres con dificultades económicas y ofrecerles trabajar como empleada doméstica con un presunto salario de $ 300.000. Sin embargo, al llegar a Colombia le informaban que debía pagar 6 millones de pesos a la organización por sus gastos de traslado.
El ente investigador evidenció la existencia de una red de trata de personas que delinquía en Medellín.
En este caso, las víctimas eran alojadas en inmuebles de la capital antioqueña con la finalidad de posteriormente llevarlas a Santiago de Compostela y Talavera de la Reina (España) para ser explotadas. En el viejo continente les notificaban que tenían una deuda de más de 12.000 dólares por gastos de traslado.
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En las investigaciones realizadas por la Fiscalía, se encontraron casos de menores de 10, 14 y hasta 17 años, quienes eran obligadas a sostener relaciones íntimas con varios hombres. Ellas reportaron graves daños psicológicos y comportamentales e incluso una de ellas fue contagiada de una enfermedad de transmisión sexual por parte del dueño del inmueble.
Según reportes del ente investigador, entre el 2020 y 2023 se han capturado por este delito a 169 personas y alcanzado 62 condenas.
Los departamentos donde más se presenta este flagelo son: Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Santander, Tolima, Nariño, Meta y Risaralda. Por su parte, las ciudades más golpeadas por este delito son: Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cali, Cartagena, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira y Barranquilla.
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