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La voz de algunas mujeres privadas de la libertad en la cárcel de Pedregal, de Medellín, suena desesperada, impotente, dolorosa. Llevan casi tres días denunciando que no les está llegando la comida a las horas correctas, han asegurado que las han dejado hasta 20 horas seguidas aguantando hambre y que algunos alimentos que han recibido han estado en malas condiciones.
El último mensaje lo enviaron por WhatsApp, un audio en el que muchas de ellas se pusieron de acuerdo para gritar lo que están viviendo y pedir ayuda a las instituciones que deben velar por sus derechos, incluso aunque estén privadas de la libertad, pues no han perdido su condición de seres humanos.
“Un SOS por la dignidad humana. Tenemos hambre, tres días sin comida y cuando nos llega, nos llega en mal estado. Es la reclusión de mujeres Pedregal y si nos levantamos, nos ponen informes. ¡Ayuda! Defensoría, Alcaldía”, se puede escuchar en el más reciente audio, enviado en la mañana de este viernes 22 de marzo.
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La situación es dramática y Jorge Carmona, defensor de los derechos de esta población y representante legal de la veeduría ciudadana al sistema penitenciario y carcelario nacional, la ha calificado como una crisis humanitaria que puede terminar hasta en una tragedia, pues ya hay advertencias de que se podrían amotinar para que no las dejen morir de hambre.
De acuerdo con Carmona son más de 3.500 personas en esta situación, en las estructuras de mujeres y hombres del complejo carcelario y penitenciario de alta y mediana seguridad que está ubicado en el corregimiento San Cristóbal.
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El pasado miércoles 20 de marzo, Carmona hizo la primera alerta temprana de la semana sobre este tema. Indicaron hombres y mujeres reclusos que el 18 de marzo, a las 5:30 p.m., les dieron el almuerzo y la cena, tras lo cual duraron 30 horas seguidas sin recibir alimentos. La razón que dieron fue el cierre del conocido “rancho”, el lugar donde se preparan las comidas para los internos del complejo.
Dicho cierre fue confirmado por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Salud, que fue la que hizo la intervención con una razón de peso en aras de proteger la integridad de los internos. Según explicó Luz Bibiana Gómez, líder de programa (e) de Salud Ambiental, debieron cumplir un fallo de acción de tutela que les ordenaba hacer una visita al lugar para verificar las condiciones sanitarias del servicio de alimentación, la cual realizaron el 19 de marzo.
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Lo que encontraron fue aterrador: deficientes condiciones sanitarias; presencia de plagas como roedores y cucarachas, humedades y paredes con moho; mal manejo de residuos y estancamientos de agua; acumulación de suciedad; olores ofensivos; áreas sin iluminación; suministro de agua intermitente y sin garantía de potabilidad; almacenamiento inadecuado de alimentos y en estado de descomposición; entre otras situaciones nefastas para garantizar una alimentación saludable y digna.
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“Todas estas condiciones implican un riesgo inminente para la salud razón por la cual se procedió a tomar medida sanitaria de seguridad consistente en clausura temporal total. Dicha medida se mantendrá hasta que se subsanen las condiciones de riesgo para la salud”, indicó Gómez.
Al respecto, Pablo Yamid Ramírez, director del establecimiento Coped Pedregal, reiteró la información entregada por la Secretaría de Salud, pero hizo énfasis en que no es el Inpec el que tiene la competencia de decidir sobre los procesos de alimentación ni la contratación de los operadores para que lo hagan, pues esta tarea está en manos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que, tras el cierre del “rancho”, se ha encargado de llevar la comida preparada en plantas externas como plan de contingencia.
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El director confirmó los retrasos en la llegada de los alimentos para 3.650 privados de la libertad de Pedregal. Dijo que, por ejemplo, este jueves 21 de marzo, la cena fue entregada sobre las 10:30 p.m. y que así sucede con desayuno y almuerzo, lo que afecta la dieta de los internos, pero también eleva su descontento. Por ello, otro de los planes de contingencia que se implementaron fue permitir el ingreso de comida preparada por las familias de los reclusos, pero no todos tienen quién les lleve.
Además, dijo el director, se tienen surtidos los proyectos productivos del complejo penitenciario para los que tienen forma de acceder a víveres y otros elementos. Aseguró el director que han estado en constante diálogo con los comités de los privados de la libertad y que no se han presentado, hasta el momento, alteraciones o agresiones.
Carmona explicó que, en efecto, ante el cierre del “rancho”, los alimentos los deben cocinar y transportar desde otras zonas del Valle de Aburrá. En uno de los mensajes las reclusas informaron que les llegó el almuerzo a las 9:00 p.m., pero que fue arroz con un chorizo mal cocinado, casi crudo, y que a las 6:00 a.m. del día siguiente recibieron, según aseguraron, arroz con mortadela y aguapanela.
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“Nosotros sabemos que la situación de nosotros para la sociedad e indiferente, pero nosotros somos humanos, tenemos derecho a que se nos vele por cumplir lo necesario para que podamos vivir dignamente. Cuando no tenemos agua es que no nos llegan los alimentos, la comida nos llega a deshoras, el desayuno a la 1:00 p.m., el almuerzo a las 9:00 p.m. y la comida (cena) al día siguiente”, contó una de las internas.
El defensor de derechos de esta población explicó que la comida a deshoras no es algo nuevo, que ha sucedido en otras ocasiones que deban desayunar al mediodía, almorzar entre las 5:00 y 7:00 p.m. y cenar hacia las 10:00 p.m., lo que es perjudicial para su nutrición, sin contar que denuncian constantemente mal estado de los alimentos.
Asimismo, en otro de los audios de este viernes 22 de marzo, una de las internas dijo que han estado protestando por la situación. Esto, para Carmona, es muy preocupante porque podría terminar en disturbios o hechos violentos, como ha sucedido en otras ocasiones en otras cárceles del país.
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“Están anunciando que están próximos a entrar en una desobediencia civil, hago una alerta temprana, este problema no es del Inpec sino del contratista de la alimentación, unas 4.000 personas que denuncian y dicen: ‘Tenemos física hambre, ya no aguantamos más’”, expresó el líder.
El director Martínez expresó que espera que el operador haga cuanto antes a satisfacción las mejoras locativas y de procedimiento que le exigió la Secretaría de Salud para que se retome la preparación de los alimentos en el complejo carcelario.
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Por lo pronto, Carmona y la población reclusa hace un llamado a la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Inpec, la Uspec, la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional para que tomen cartas en el asunto y revisen lo que está sucediendo con el fin de proteger los derechos humanos de los internos y evitar que el hambre y la comida indigna alimenten una tragedia en la cárcel Pedregal.
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