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Ana Luisa Mejía Brand murió mientras era trasladada al hospital San Juan de Dios de Armenia para recibir atención médica.
Según la primera información entregada, la mujer de 61 años se encontraba privada de la libertad en la cárcel de mujeres Villa Cristina de Armenia, estaba enferma en la penitenciaría y el pasado martes 12 de diciembre a la 1 p. m. mientras era custodiada por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, tuvo que ser trasladada de urgencia, pero no resistió y llegó al centro médico sin signos vitales.
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La mujer presentó problemas en la presión y, según información entregada por las autoridades, tenía bradicardia, es decir, frecuencia cardiaca baja, su corazón latió menos de 60 veces por minuto lo que se considera anormal es una persona.
Tatiana Jiménez Arcila, directora del centro penitenciario, explicó sobre el caso: “La privada de la libertad se sometió a una cirugía de colecistectomía y el pasado 29 de noviembre fue dada de alta, le fue bien en la cirugía. Ella estaba en el establecimiento bien, sin complicaciones y fue el pasado martes 12 de diciembre que presentó una molestia, por tal razón la atendió la médico del establecimiento donde están las constancias de la atención y todo. En medio de la consulta, por las molestias que ya presentaba, se empezó a agudizar más su dolor, la atención tan solo duró 15 minutos, cuando ya la médico nos dijo que ya tenía mucho dolor y nos dijo que la empezó a ver muy ‘maluca’, así que ordenó que la sacáramos, pero se descompensó en un minuto. Rumbo al hospital perdió los signos vitales e incluso alcanzó a llegar al área de reanimación, pero murió”, expresó.
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Además, la mujer sufría de hipertensión y estaba privada de la libertad desde hace dos años por el delito de porte de estupefacientes. “Muy pronto iba a salir”, finalizó Jiménez Arcila.
Pulzo complementa:
La atención médica para personas bajo custodia es un tema de gran importancia, ya que aquellos que están privados de su libertad no pueden buscar atención por sí mismos.
En este contexto, los funcionarios de cárceles y prisiones asumen la responsabilidad de proporcionar atención médica razonablemente adecuada a los individuos encarcelados. Esta obligación se basa en el reconocimiento de que el acceso a la atención médica es esencial, incluso en el entorno carcelario.
La necesidad de un control médico adecuado se vuelve aún más crítica cuando se trata de reclusos que ya enfrentan problemas de salud preexistentes. Garantizar que los presos reciban atención médica oportuna y apropiada no solo es un imperativo ético, sino que también contribuye al bienestar general de la población carcelaria. Este enfoque aborda el tema de prevenir complicaciones y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas bajo custodia.
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