Colombia+20 de El Espectador reveló el pasado 15 de febrero la propuesta de alivios humanitarios en las cárceles que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) llevó al segundo ciclo de conversaciones de paz con el Gobierno Nacional, recién instalado en México dos días antes, el lunes 13 de febrero.
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En ese reportaje se recogieron los testimonios de seis prisioneros con enfermedades graves, entre guerrilleros y civiles, que coincidían en denunciar las pésimas condiciones de la atención en salud al interior de las cárceles. En varios de los casos documentados las enfermedades se complicaron por falta de medicamentos o limitaciones para acceder a la atención especializada, llegando a poner en riesgo la vida misma de los internos.
Aunque en su momento este diario consultó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por denuncias de mala atención en salud, la respuesta llegó después de la publicación. El Inpec, a través de un documento, señaló que la atención en salud de la población carcelaria depende de operadores externos. En el caso de los pacientes que pertenecen al régimen subsidiado, la atención en salud es pagada por la Fiduciaria Central; en el caso de los presos en régimen contributivo, la atención depende de la Empresa Prestadora de Salud (EPS) a la que se encuentre afiliado.
Estos operadores deben “garantizar una atención integral que incluya personal especializado y con experiencia, brindando servicios respetuosos, amigables y sensibles, asegurando protección y respeto a la confidencialidad y privacidad de la información”. De acuerdo con esta entidad, los dineros para cubrir las afiliaciones de los presos salen del Fondo Nacional de Salud.
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Según el Inpec, ellos solo prestan “los servicios de salud de primer nivel o baja complejidad que incluye medicina general, enfermería, odontología general, higienistas orales, auxiliares de odontología, toma de muestras de laboratorio clínico y suministro permanente de medicamentos a las personas privadas de la libertad”. Sin embargo, este último fue uno de los puntos señalados por los internos como deficiente, pues denunciaban impedimentos para que sus familiares les hicieran llegar medicamentos básicos como acetaminofén y suplementos alimenticios como Ensure.
Sobre este punto, la entidad aseguró que si los medicamentos están respaldados por una orden médica reciente el operador debe suministrarlos a los presos. No obstante, agregaron que “no se acepta el ingreso de medicamentos en cumplimiento a la política de seguridad del paciente teniendo en cuenta que no es posible garantizar la estabilidad y conservación de los mismos”.
En la respuesta enviada reconocieron que no tiene cómo prestar atención especializada en salud para reclusos con enfermedades graves o en estado terminal sino que ello debe hacerse con una red de Instituciones Prestadoras de Salud a donde deben trasladarse los presos para ser atendidos: “No existen patios de reclusión especial para estas personas por cuanto la atención que se garantiza es de baja complejidad”, puntualizó.
El Instituto también explicó que este año se han realizado diferentes brigadas médicas de atención de primer nivel en algunas cárceles de Bogotá, que incluyen atención ginecológica, pediatría, dermatología, ortopedia, oftalmología y medicina interna.
Una de las quejas reiteradas de los prisioneros con enfermedades como diabetes o insuficiencia renal tiene que ver con que dentro de las cárceles no es posible seguir las prescripciones especiales de dieta que son formuladas para ellos. Frente a este cuestionamiento, el Inpec dijo que esto era “responsabilidad de los operadores” con los que se contrata la alimentación de los reclusos, que tienen la obligación de definir dietas especiales según las valoraciones que hacen los nutricionistas de los mismos operadores. Aseguró que para pacientes con diagnósticos de cáncer, diabetes, VIH o enfermedades cardiovasculares no era necesario solicitar valoraciones ni pruebas de laboratorio para que les fueran aprobadas sus dietas especiales.
Finalmente, la institución apuntó que para dar cumplimiento a las múltiples sentencias de la Corte Constitucional que han señalado un “estado de cosas inconstitucionales” en las cárceles del país, se ha conformado un comité interdisciplinario con el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y el propio Inpec .
Dicho comité hace seguimiento al estado de la prestación del servicio de salud en las cárceles y genera indicadores que permiten tomar decisiones. “En cumplimiento de la normatividad vigente el Inpec garantiza que la población a su cargo se encuente bajo la cobertura del Fondo Nacional de Salud o esté asegurado en el Sistema General de Seguridad Social”.
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