Del proyecto que se cocina para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales faltan muchas cosas por definir, pero hay dos aspectos claros. En la propuesta que ya le presentaron expertos en justicia transicional, penalistas y criminólogos al Gobierno se destaca, por un lado, que se va a trabajar con las instituciones que ya existen.

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No se van a crear nuevos tribunales, como ocurrió en el Acuerdo de Paz con las Farc. Y, de otro lado, que quienes se acojan, sí o sí, deben pasar un período de tiempo privados de su libertad. Es decir, habrá más responsabilidades sobre la Rama Judicial y sobre el sistema penitenciario, ya congestionados.

Esos pilares tienen razón de ser. La “paz total” incluye a todos los grupos que someten a la ciudadanía con violencia, como grupos narcotraficantes, extorsivos o de minería ilegal.

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Es un punto de honor para los asesores del Gobierno no producir un tribunal transicional para narcotraficantes puros, pues hacerlo implicaría reconocerles un estatus político, como explicó una fuente.

Fue entonces que idearon un sistema que desescale la violencia, desmovilice a la mayor cantidad de la tropa posible y que abogue por buscar verdad. Además, tomaron como base la ley RICO, que permitió a Estados Unidos desarticular mafias italianas e irlandesas en los años setenta.

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Ahora, aterrizando el borrador a la realidad, las consecuencias directas del proyecto de “paz total” de Petro serán soportadas, en su gran mayoría, por el sistema penitenciario y de justicia. Sin importar cuál sea la banda criminal sometida y la gravedad de los delitos a confesar, todos los postulados deberán responder ante un juez y estar privados de su libertad entre cuatro y 20 años.

Como los asesores del Gobierno optaron por trabajar sobre lo construido en las leyes, el posible sometimiento masivo será asumido por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y la entidad que administra sus recursos desde 2011: la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).