Durante la sesión 51 de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación (Contcepi), que se realizó en Bogotá, el Ministerio de Educación Nacional y los representantes de los pueblos indígenas de Colombia lograron un acuerdo que permite el reconocimiento y avance de la labor de los etnoeducadores.

“Hemos llegado a un acuerdo histórico sobre el sistema transitorio de equivalencias, el cual se protocolizará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, tiempo en el que se realizará la próxima reunión de la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC)”, explicó el ministro Alejandro Gaviria. 

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La propuesta de decreto establece un sistema transitorio de equivalencias mientras se expide la norma del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). De esta forma, el Gobierno busca garantizar el reconocimiento de los pueblos indígenas a su derecho educativo propio, que incluye la selección, vinculación, permanencia y retiro de los educadores, además de la dignificación de su labor.

Esto ocurre luego de que la Corte Constitucional se pronunciara el año pasado, a través del la Sentencia SU 245 de 2021, sobre los derechos de los educadores indígenas. En 2021, 284 etnoeducadores pertenecientes a los pueblos pijao (Tolima), awá (Nariño) y zenú (Sucre y Córdoba) interpusieron una acción de tutela contra el Gobierno Nacional y las Secretarías de Educación de sus departamentos ante la negativa de inscribirlos en el escalafón de los docentes.

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En la sentencia, la Corte aseguró que los etnoeducadores tienen derecho a gozar de condiciones de trabajo equivalentes a las de los demás docentes al servicio del Estado y le dio treinta días a las Secretarías de Educación de los departamentos para que los aplicaran a sus territorios, mientras el Ministerio de Educación elaboraba una concertación del sistema transitorio de equivalencias.

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Tal como lo planteó el ministro Gaviria durante la primera reunión con la Contcepi, el pasado 14 de septiembre, ayer logró concretar la propuesta de decreto que permite cumplir la Sentencia SU 245 de 2021 de la Corte Constitucional referida al derecho a de los educadores indígenas.