Este martes el Ministerio de Educación Nacional instaló una comisión para la reforma de la Ley 30 de 1992 con el propósito de redactar un proyecto de ley que modifique el esquema de recursos en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. Según Mineducación este es el primer paso hacia una transformación integral de la normativa que orienta la educación superior en el país.

“La Educación Superior tiene un déficit estructural y queremos reformar la Ley 30 de 1992, que cumple 30 años y es la que define la bolsa de recursos para este nivel educativo”, dijo el ministro de Educación, Alejandro Gaviria en el comunicado de prensa.

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La comisión estará conformada por diferentes estamentos públicos

En la comisión participaran delegados el Congreso de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación, del Sistema Universitario Estatal, la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas, profesores, trabajadores, y diversas organizaciones de estudiantes de las IES públicas.

Actualmente los lineamientos financieros de las IES públicas están definidos en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Por un lado, el artículo 86 dice que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales están constituidos por los aportes del presupuesto nacional, los entes territoriales y las rentas propias de cada institución y, por otro lado, el artículo 87 menciona que desde 1996, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto (PIB).

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La viceministra de Educación Superior, Aurora Vergara Figueroa explicó que este espacio “constituye la primera fase de una eventual reforma integral a la Ley 30 de 1992, se revisarán en detalle los elementos que requieren ser reformados y los mecanismos e instrumentos jurídicos más apropiados para llevarlo a cabo”.

El Ministerio de Educación explicó que esta comisión tendrá sesiones periódicas para discutir ajustes, hacer precisiones y mejoras a cada uno de los artículos del proyecto de ley. Adicionalmente, esperan identificar si en el futuro se requerirán reformas adicionales.

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