El periodismo en Colombia atraviesa uno de sus momentos más oscuros y no lo dicen solo los reporteros en las calles, sino los máximos organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han emitido informes lapidarios este 23 de abril de 2026, en el que califican al país como un escenario de “alto riesgo” para ejercer la profesión.
El blanco de las críticas no es solo la violencia de los grupos armados, sino la narrativa que emana desde la Casa de Nariño. Según la CIDH, los discursos “estigmatizantes” de funcionarios públicos, empezando por el presidente Gustavo Petro, están debilitando el debate público y, lo más grave, aumentando el riesgo físico para quienes informan. Para estos organismos, que el Jefe de Estado use sus plataformas para descalificar a la prensa no es un ejercicio de réplica, sino una herramienta que contribuye a la polarización y a la baja tolerancia frente a la crítica.
Uno de los puntos más espinosos del informe es el uso de los medios de comunicación del Estado. La CIDH advirtió sobre el uso de estos recursos para amplificar mensajes oficiales y “asfixiar” la pluralidad informativa. La exigencia es clara: los medios públicos no pueden ser canales de propaganda oficial ni la pauta publicitaria puede usarse como un garrote o una zanahoria para premiar amigos o castigar críticos según sus líneas editoriales.
La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) se unió a este clamor, subrayando que en los últimos tres años el deterioro ha sido constante. En un año electoral como el actual, la independencia de los medios es el único dique de contención para garantizar que los ciudadanos accedan a información diversa y no solo a la narrativa que el Gobierno intenta imponer.
El informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión detalla que los asesinatos, amenazas y atentados contra comunicadores siguen siendo una constante. Lo que preocupa a la comunidad internacional es que, a pesar de las recomendaciones reiteradas, el Estado colombiano no muestra avances significativos. Por el contrario, la SIP exhortó al Gobierno a cesar de inmediato la estigmatización y a garantizar un entorno seguro donde pensar distinto no sea una sentencia de muerte o un motivo de persecución digital.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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