La eventual decisión de la Fiscalía contra Laura Sarabia de imputarle cargos por el caso del polígrafo a la niñera Marelbys Meza provocó la respuesta de frente ante el que sería un nuevo capítulo.
Los delitos a los que apuntaría el ente acusador son abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal, de acuerdo con la versión de revista Cambio acerca de este paso.
Cabe recordar que la defensa de la exfuncionaria buscaba que el caso no llegara a juicio por medio de mecanismo de la justicia restaurativa, pero que finalmente no habría prosperado como se pretendía.
Ante eso, la propia Sarabia salió a responder a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) sobre esta situación, en la que no hizo mayor énfasis ni referencia en principio.
“Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas”, aseguró en la primera parte de su publicación este domingo 30 de agosto de 2026.
Lo cierto es que dejó clara su postura frente a la posible determinación de la Fiscalía en su contra, en un controversial caso que está en la mira de la opinión pública.
“Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”, finalizó.
Así es el caso de Laura Sarabia por polígrafo a Marelbys Meza
El polémico caso que involucra a Laura Sarabia comenzó luego del hurto de una maleta con dinero en su residencia de Bogotá. Ante la sospecha del robo, la exfuncionaria y su esquema de seguridad sometieron a Marelbys Meza a una prueba de polígrafo.
La controversia escaló cuando la afectada denunció públicamente que la trasladaron de forma irregular a los sótanos del edificio oficial para el examen psicológico. El uso inadecuado del detector de mentiras y las interceptaciones ilegales activaron una investigación penal formal.
En el plano judicial, los fiscales asignados determinaron la comisión de irregularidades graves al utilizar los protocolos de protección presidencial para un asunto personal. Las pesquisas del ente acusador vincularon a varios oficiales pertenecientes a la Jefatura de Protección Presidencial.
Asimismo, la investigación penal estableció que se impartieron instrucciones directas para concretar el examen. Uniformados implicados colaboraron activamente con la justicia para esclarecer si la orden original de realizar el procedimiento provino de la alta ejecutiva tras denunciar la pérdida.
Por su parte, la defensa técnica de la funcionaria argumenta que el procedimiento obedeció estrictamente a protocolos institucionales de seguridad nacional por integrar el equipo cercano al mandatario. Sin embargo, los investigadores sostienen que el examen practicado a Meza violó derechos fundamentales.
El desarrollo de la causa judicial provocó múltiples imputaciones contra los policías que participaron en la retención y en las intervenciones telefónicas privadas de la víctima. Las autoridades continúan recopilando material probatorio para definir las responsabilidades individuales de los involucrados.
La complejidad del expediente impactó fuertemente el panorama político nacional debido a las posibles conductas punibles derivadas del uso indebido de recursos del Estado. El proceso busca determinar la legalidad de los métodos aplicados en las áreas gubernamentales de seguridad.
Recientemente, las indagaciones fiscales tomaron un giro determinante al alistar una imputación de cargos formal contra la exfuncionaria por abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal. Los analistas advierten que estos delitos podrían derivar en sanciones penales severas.
Las autoridades competentes avanzan en las distintas etapas procesales evaluando pruebas documentales y testimoniales para esclarecer definitivamente las responsabilidades penales e institucionales del caso. La opinión pública mantiene su atención sobre las decisiones definitivas que adopte la justicia colombiana.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
