El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La lucha de los campesinos del municipio de El Cocuy, en Boyacá, por el reconocimiento de sus derechos sobre el páramo en el que históricamente han habitado, es un capítulo de más de 250 años marcado por la persistencia y la búsqueda de justicia. Son más de 500 familias, distribuidas en territorios con una extensión superior a 2.300 hectáreas, quienes desde hace generaciones han exigido al Estado colombiano que reconozca su propiedad sobre unas tierras de vocación estrictamente campesina, territorios fundamentales tanto para su subsistencia como para la protección de uno de los ecosistemas más cruciales del país.
El debate sobre la propiedad legal de estos predios se intensificó porque, en 1974, esas hectáreas quedaron incluidas dentro de la reserva forestal establecida por la Ley Segunda de 1959, vinculando formalmente al páramo del Cocuy como zona protegida. Ante esta situación, los pobladores de las veredas Llano Grande, Zanjón, Palchacual y Mortiño solicitaron la reconstrucción del título histórico, proceso que permitiría esclarecer el origen jurídico de estos predios y la legitimidad de la posesión campesina, afectada por la delimitación legal de la reserva.
En agosto del presente año, la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano organizó una protesta nacional para evidenciar el incumplimiento del Gobierno Nacional en la protección y permanencia de las comunidades campesinas que viven en las zonas de páramo. Esta movilización llevó a la instalación de una mesa de negociación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encabezada por Juan Felipe Harman, director de la entidad. El acuerdo resultante incluyó la creación de una mesa jurídica orientada a formalizar la propiedad rural, recuperar predios baldíos y redefinir la delimitación del páramo del Cocuy, reconociendo la importancia de la tenencia y la historia de las más de 500 familias involucradas.
Cuatro meses después de las negociaciones, la ANT informó la reconstrucción del título histórico del Cocuy, lo que proporciona a las familias campesinas garantías de seguridad jurídica sobre estos predios, ubicados en un ecosistema esencial para la provisión de agua en todo el país. Según El Espectador, la ANT revisó de forma técnica y jurídica un total de 579 predios catastrales y 417 folios de matrícula inmobiliaria, sumando exactamente 2.308 hectáreas que ahora quedan formalmente en manos de los campesinos que llevan décadas habitando esos territorios.
Durante la revisión, la Agencia Nacional de Tierras comprobó, con base en documentos históricos, que desde finales del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX, la corona española efectuó visitas oficiales al resguardo indígena del Cocuy empleando las normativas del Derecho de Indias. Estas visitas, desarrolladas respetando la Recopilación de Leyes de Indias y legítimos mandatos reales, permitieron la transición formal de posesión estatal a propiedad privada sobre predios específicos como Laguna Grande, El Higuerón y Comunidad. Este hallazgo jurídico respalda la validez actual de la propiedad campesina y redefine el marco para la protección y delimitación del área.
Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, enfatizó la importancia de recuperar la seguridad jurídica para garantizar la dignidad y permanencia de estas comunidades. La revisión documental incluyó fuentes originales del Archivo General de la Nación, así como información cartográfica oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y verificación en campo, fundamentales para delimitar con precisión el polígono de los predios reconocidos en el título histórico.
Esta regularización no solo otorga certeza jurídica y protege a las familias de posibles desalojos, sino que también reconoce el valor agrícola y ecológico clave de la zona, la cual constituye la fuente de los principales ríos Arauca, Casanare y Chicamocha. Así, se sientan bases más sólidas para la coexistencia entre comunidades campesinas y la conservación de un ecosistema estratégico.
¿Qué significa la formalización rural y por qué es clave para comunidades como la del páramo del Cocuy?
La formalización rural, de acuerdo con lo adelantado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y reportado por El Espectador, consiste en otorgar garantías jurídicas sobre la propiedad de la tierra a quienes la han habitado y trabajado históricamente. Este proceso permite que las comunidades campesinas accedan a derechos plenos de propiedad, facilitando su acceso a programas estatales, créditos y asistencia técnica, y asegurando su estabilidad frente a intentos de despojo.
En el caso del páramo del Cocuy, la formalización rural garantiza la defensa del modo de vida campesino y fortalece la protección de un entorno que es esencial tanto por su valor ecológico —como fábrica de agua y sede de la mayor masa glaciar de Colombia— como por el potencial agrícola que alberga, generando un ejemplo relevante de conciliación entre conservación y justicia social en el territorio nacional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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