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La jueza Miryam Alcira Martínez está en el centro de una tormenta judicial tras ser señalada por la Fiscalía General de la Nación de haber recibido un millonario soborno. Según la Fiscalía, Martínez habría aceptado dinero a cambio de favorecer con una decisión judicial a Jozef Marcus Hendricka Van der Voort, un ciudadano neerlandés solicitado en extradición por las autoridades de Países Bajos, por presuntos delitos ligados al tráfico de drogas. La audiencia de medida de aseguramiento contra Martínez se adelantó el jueves 29 de octubre, día en que el ente investigador expuso detalladamente cómo supuestamente se concretó el ilícito acuerdo.
La captura de la jueza se produjo el miércoles 28 de octubre en Bogotá, como resultado de una investigación que la vinculó directamente con la sorpresiva puesta en libertad de Van der Voort. Según la Fiscalía, ella habría recibido 1.200 millones de pesos colombianos en efectivo, aunque solo 600 millones le habrían alcanzado a ser entregados, evidencia que fue sustentada ante el juez con una fotografía tomada por el mismo ciudadano neerlandés. El dinero habría sido canalizado a través de una abogada, quien habría servido como enlace entre el extranjero y la jueza. Junto a Martínez, también fueron detenidos un funcionario del Centro de Servicios Judiciales y la abogada mencionada, todos presuntamente implicados en los hechos investigados.
La instrucción del caso por parte de la Fiscalía aportó pruebas materiales, como imágenes que muestran fajos de billetes de 100.000 pesos colombianos con anotaciones que señalaban la cantidad destinada a cada supuesto participante. Además, en el celular del extraditable se encontraron audios y videos, así como chats con la abogada donde se evidencia la preparación del supuesto acuerdo. Según los investigadores, la abogada habría buscado que el proceso recayera en el despacho de Martínez para asegurar la libertad de su cliente.
No es la primera vez que la jueza enfrenta señalamientos. La Fiscalía recordó que en el pasado fue investigada por la liberación de Pedro Aguilar, líder camionero vinculado al llamado cartel de la chatarrización. Aguilar habría aprovechado ese mecanismo judicial para evadir una condena por apropiación de 600.000 millones de pesos relacionados con vehículos que nunca fueron chatarrizados. Martínez, en la audiencia, defendió su historial y sostuvo que dicho caso se resolvió a su favor, asegurando no haber cometido ninguna falta. Solicitó, además, que mientras avanza el proceso, se le permita permanecer privada de la libertad en su domicilio. Finalmente, la audiencia fue aplazada hasta el 5 de noviembre, fecha en la que se conocerá la decisión sobre su libertad.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué la jueza Miryam Alcira Martínez fue señalada por la Fiscalía?
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Martínez habría aceptado un millonario soborno para favorecer la libertad de Jozef Marcus Hendricka Van der Voort, un ciudadano neerlandés pedido en extradición por tráfico de drogas. Las pruebas presentadas incluyen fotos, audios, videos y conversaciones que conectarían a la jueza con este acuerdo ilegal.
¿Qué es el cartel de la chatarrización y cómo se relaciona con el caso de Pedro Aguilar?
El cartel de la chatarrización hace referencia a un esquema de apropiación indebida de dinero público a través de la supuesta chatarrización de camiones que en realidad nunca fueron destruidos. Pedro Aguilar, líder de los camioneros, fue condenado por su participación en este entramado y estuvo vinculado con la liberación concedida por la jueza Martínez, hecho que también fue investigado por las autoridades.
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