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La Procuraduría General de la Nación pidió a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP explicaciones por no cumplir con el plazo de 30 días que le habían asignado para decidir sobre la apertura y priorización del macrocaso 11 que investigará crímenes relacionados con violencia sexual y violencias basadas en género en el marco del conflicto armado.
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El ultimátum que le dio 30 días hábiles a la Sala de Reconocimiento para priorizar este caso se dio luego de que los procuradores que intervienen ante la JEP, presentaron una tutela contra la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa misma corporación.
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De acuerdo con la Procuraduría, han transcurrido 36 días hábiles desde que fue comunicado el fallo de tutela que amparó el acceso a la administración de justicia en un plazo razonable, así como la garantía de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas.
Según la acción de tutela que interpusieron, no hay justificación para la demora en priorizar la investigación de la violencia sexual en el conflicto. “Cada día que transcurre sin que la Sala de Reconocimiento adopte una decisión sobre la priorización de un macrocaso relacionado con hechos de violencia sexual y violencias basadas en género, implica la violación de los derechos de las víctimas”, escribieron.
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Hace un año, en julio de 2022, la Sala de Reconocimiento anunció que daría apertura al caso que todavía no ha abierto formalmente. Sin embargo, este diario contó que la Sala ya trabaja en el auto de apertura del caso, el cual dirigirán los magistrados Julieta Lemaitre, actualmente relatora del caso 01, que investiga sobre secuestro, y Óscar Parra, una de las cabezas del caso 03, de falsos positivos.
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