La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó este lunes al excongresista Luis Fernando Almario Rojas por delitos de lesa humanidad como asesinatos, secuestros y desplazamientos por motivos políticos de 30 personas en el marco del conflicto armado con complicidad de la guerrilla de las Farc.

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La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), como se conoce a la Fiscalía de la JEP, sindicó a Almario Rojas en un escrito de acusación “histórico para el país”, aseguró en una rueda de prensa el director de esta unidad, el magistrado Giovanni Álvarez Santoyo.

El magistrado explicó que la acusación se presentó por el crimen de persecución que se fundamenta en la ejecución de 30 conductas delictivas que constituyeron asesinatos, desplazamiento forzado y secuestros en el sureño departamento del Caquetá.

La dimensión histórica de esta decisión de la JEP se la da también el hecho de que es que es la primera vez que en Colombia se presenta una acusación por el crimen de persecución, conforme con el Estatuto de Roma.

Almario, que fue miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, fue acusado por la Fiscalía de la JEP en calidad de coautor de diversos crímenes.

Según la acusación, el expolítico, “con exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc, concretamente el Bloque Sur […], desarrolló un plan criminal que tenía como finalidad apropiarse o apoderarse del poder político en el departamento del Caquetá”, desplazando a la familia Turbay que tenía gran influencia política en la zona, agregó.

De qué acusa la JEP al excongresista

Los crímenes que se atribuyen al excongresista fueron cometidos desde 1993 hasta 2002 y afectaron a más de 30 personas del “grupo político liberal turbayista”, es decir que esta acusación no solo es por el secuestro y homicidio de los miembros de la familia Turbay Cote, sino de un gran conglomerado de personas que hacían parte de este grupo político.

La investigación de la JEP identificó dos patrones de violencia: contra líderes, simpatizantes y personal de seguridad del “turbayismo” y el segundo es de captura del Estado para el ejercicio del poder ilegítimo.

El llamado grupo “turbayista” del Caquetá fue una facción del Partido Liberal liderada por el fallecido dirigente Hernando Turbay y del mismo hicieron parte su esposa, sus dos hijos y varios dirigentes de ese departamento.

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Uno de los crímenes de los que se le sindica a Almario es el asesinato, el 29 de diciembre de 2000, del congresista Diego Turbay Cote, su madre y cinco personas más, en una emboscada en una carretera del Caquetá. Este ataque se le atribuyó a la columna móvil ‘Teófilo Forero’, que dirigió alias ‘el Paisa’, uno de los cabecillas más sanguinarios de las disueltas Farc.

El excongresista fue “clave” en los planes que estableció la guerrilla en este departamento, que “tuvo unas consecuencias políticas graves”, algo que “no puede ocurrir nuevamente en este país”, alertó el magistrado.

Se responsabiliza a Almario Rojas del asesinato de seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador, así como de tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas.

También del secuestro de un congresista, un alcalde y un concejal, y del desplazamiento forzado de dos periodistas, una delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un candidato a la Alcaldía del municipio de Puerto Rico, de un concejal de Florencia, la capital del Caquetá, un escolta y un conductor de la familia Turbay Cote.