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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 16 exintegrantes del Ejército Nacional de Colombia, entre ellos un brigadier general, y a dos exmiembros de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad relacionados con violencias basadas en género cometidas contra civiles. De acuerdo con la JEP, en total se documentaron 565 hechos violentos en donde se identificaron 779 víctimas: 684 mujeres, 74 hombres y 21 personas con orientaciones sexuales y de género diversas. Por lo menos 35 de estos casos habrían ocurrido en alianza directa con grupos paramilitares, un dato que subraya la complejidad de los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano. Esta imputación se enmarca en el caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en asociación con paramilitares o civiles durante el conflicto, y en el caso 11, que aborda específicamente la violencia basada en género, sexual y reproductiva, así como otros crímenes motivados por prejuicios de orientación sexual. La investigación fue liderada por el magistrado Óscar Parra Vera, integrante de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Según explicó la JEP, la decisión es el resultado de un proceso robusto que revisó 217 informes de organizaciones civiles y estatales, escuchó testimonios de 738 víctimas y contrastó versiones de 74 comparecientes. En el análisis, se identificaron dos patrones criminales: el primero, ataques en los que la fuerza pública, sola o en alianza con paramilitares, empleó la violencia sexual y de género para controlar y castigar a comunidades bajo sospecha de vínculos con la guerrilla; el segundo, actos de violencia de género realizados como forma de castigo, apropiación y disciplinamiento, aprovechando el dominio territorial de la fuerza pública. Ejemplos concretos que cita la JEP incluyen casos de incursiones, masacres y torturas en lugares como la provincia de Lengupá, Boyacá, y operativos ilegítimos con agresiones sexuales en La Gallera, Putumayo, y en un retén militar en Nariño. También se documentaron episodios de servidumbre y esclavitud sexual, como ocurrió con 22 niñas y jóvenes en Puerto Gaitán, Meta, víctimas de rapado, violaciones sexuales y sometimiento a trabajos forzados por parte de fuerzas paramilitares con la colaboración de integrantes de la fuerza pública. Según la JEP, todas las imputaciones presentadas buscan el reconocimiento de responsabilidad por persecución basada en género, esclavitud sexual, desaparición forzada, homicidios, tortura y desplazamiento, entre otros crímenes. El magistrado Parra Vera destacó el papel central de las víctimas y organizaciones sociales en el esclarecimiento de estos hechos, subrayando que sus voces resultaron determinantes para dar cuenta de la realidad y el impacto de estas violencias, que no solo buscaban someter y disciplinar, sino también erradicar liderazgos y vínculos afectivos bajo el estigma insurgente. Toda la información reseñada se obtuvo de la imputación de la JEP y declaraciones recogidas por El Espectador.
¿Qué criterios utilizó la JEP para imputar a los exintegrantes del Ejército y la Policía Nacional?
De acuerdo con la información proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz y citada por El Espectador, la JEP utilizó la contrastación de informes de entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil, audiencias con víctimas y versiones voluntarias de comparecientes. Se identificaron patrones de violencia basados en género, como la utilización de la violencia sexual, castigos y apropiaciones, para vincular a los exintegrantes de la fuerza pública con crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado.
¿Cuáles fueron los principales patrones de violencia de género documentados por la JEP durante el conflicto armado?
Según la JEP, los principales patrones documentados fueron dos: el primero, ataques y violencias sexuales o de género ejecutadas por la fuerza pública o en alianza con paramilitares, justificadas bajo el pretexto de lucha contrainsurgente; el segundo, el uso sistemático de la violencia de género como castigo, apropiación sexual y disciplinamiento aprovechando la presencia armada en los territorios. Estos patrones permitieron documentar cómo la violencia sexual, la tortura y el desplazamiento forzado afectaron de forma diferenciada a mujeres, hombres y personas de orientaciones sexuales diversas durante el conflicto.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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