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El reciente fin de semana, la concejal y exfiscal Claudia Carrasquilla volvió al centro de la discusión pública tras compartir una serie de denuncias sobre la situación que se vive en la cárcel de máxima seguridad de La Paz, ubicada en Itagüí. Según lo reportado por el diario EL TIEMPO, las preocupaciones de Carrasquilla se centran en la presunta influencia de José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como alias Douglas, uno de los cabecillas de las bandas delincuenciales que actualmente negocian la llamada “paz urbana” con el gobierno de Gustavo Petro. Carrasquilla sostiene que alias Douglas habría consolidado su dominio dentro del penal instalando una maquila –un taller de confección– lo que además le estaría permitiendo acceder a beneficios de rebaja en su sentencia de 32 años por secuestro extorsivo.
Investigaciones de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO revelan que el taller en mención está asociado con Álex Mauricio Mejía Acevedo, comerciante originario de La Estrella de 51 años, quien contarían con talleres similares en otros cuatro centros penitenciarios del país. Dentro de ese esquema, los internos que trabajan reportan una reducción de dos días de condena por cada tres días laborados y reciben incentivos económicos que oscilan entre tres mil y cinco mil pesos por cada pieza producida. Mejía Acevedo figura además vinculado a la empresa Comercializadora Createx S.A.S., protagonista en 2024 de un escándalo relacionado con la Alcaldía de Sabaneta por problemas en la calidad de uniformes entregados a agentes de tránsito y la expedición de cheques sin fondos por cerca de cuarenta y cinco millones de pesos para la adquisición de esta ropa.
En concreto, los documentos evidencian que se emitieron varios cheques por $2.990.354 dirigidos a quince funcionarios de tránsito a raíz de fallas en el cumplimiento del contrato para la dotación de uniformes por parte de la empresa. Las complicaciones en los pagos y la entrega de la vestimenta sumaron presión sobre la credibilidad de la contratista. Ante los señalamientos recientes, Mejía Acevedo indicó ante EL TIEMPO que no actúa como testaferro de alias Douglas y desmintió cualquier relación jerárquica o dependencia sobre él.
Aclaró también que desde hace una década cuenta con licencia para operar talleres de confección en cárceles, empezando por El Pedregal, y que no determine en qué centros penitenciarios puede estar ni selecciona a los privados de la libertad con quienes colabora. Explicó que aproximadamente cuatrocientas personas, pertenecientes a distintos grupos armados, hacen parte de sus talleres, y subrayó que la formación para estos internos ha contado con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), así como de universidades y entidades religiosas, con lo que niega que los talleres estén bajo el control de algún jefe mafioso local.
Sobre el papel específico de alias Douglas, Mejía sostuvo que este solo participó en una de las máquinas y actualmente, debido a problemas de visión, se limita a inspeccionar prendas para control de calidad. “Si realmente fuese testaferro de Douglas no enfrentaría las dificultades económicas que tengo”, sentenció, reafirmando su independencia tanto personal como empresarial.
Todo esto ocurre en medio de una coyuntura mayor, ya que recientemente se anunció la próxima reubicación de los jefes de bandas criminales de Medellín fuera de la cárcel de “máxima seguridad”, consecuencia de constantes irregularidades como la fiesta vallenata del 8 de abril. No obstante, dos semanas después de dicha noticia, la Oficina del Comisionado de Paz aún no ha autorizado el traslado, dejando la situación en incertidumbre y bajo constante escrutinio mediático y político.
¿Por qué no se ha autorizado aún el traslado de los jefes criminales?
La trama sobre el traslado de los principales líderes de bandas delincuenciales internas en la cárcel La Paz, ubicada en Itagüí, ha generado expectativa tanto entre los actores institucionales como en la opinión pública. La discusión sobre la pertinencia de este traslado ocurre en el contexto de múltiples denuncias por irregularidades y privilegios dentro del penal, hechos que han sido ampliamente abordados por medios como EL TIEMPO y que han alimentado la presión para modificar las condiciones de detención.
Además, la demora por parte de la Oficina del Comisionado de Paz ha motivado dudas sobre los criterios y tiempos del proceso. Mientras no exista una autorización clara por parte de las autoridades competentes, permanece la preocupación sobre la posible perpetuación de malas prácticas, el efecto en la gobernanza penitenciaria y el rumbo de las negociaciones de “paz urbana”. Esta incertidumbre mantiene atentos a familiares de reclusos, organismos de control y al propio entorno gubernamental.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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