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Las familias que han perdido seres queridos en el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en Colombia pueden acceder a una indemnización estatal si acreditan su derecho ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Esta cobertura forma parte de los mecanismos legales establecidos desde 1993 para víctimas de catástrofes de origen natural y comprende, además de la indemnización por muerte y gastos funerarios, coberturas para incapacidad permanente, atención médica y traslado de las víctimas, de acuerdo con información de la ADRES publicada por El Diario.
El sistema legal colombiano contempla este respaldo bajo el artículo 167 de la Ley 100 de 1993, que otorga a las víctimas el cubrimiento de gastos médico-quirúrgicos, indemnizaciones por incapacidad permanente y gastos funerarios, así como el traslado desde la zona de emergencia a un centro asistencial. Este no es un auxilio nuevo creado para el reciente sismo, sino un derecho vigente para quienes hayan resultado afectados directamente por desastres naturales.
Para quienes han perdido un familiar, la indemnización asciende a 750 salarios mínimos legales diarios vigentes, valor que para 2026 equivale aproximadamente a $43.772.625. La suma corresponde a toda la indemnización por muerte y gastos funerarios, que se distribuye entre cónyuge o compañero permanente e hijos, según las reglas legales; en ausencia de estos, pueden aplicar los padres o, si tampoco los hay, los hermanos.
Adicionalmente, los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios derivados del terremoto pueden ser cubiertos hasta por 800 salarios mínimos legales diarios vigentes (cerca de $46,7 millones). Sin embargo, esta cifra se reconoce directamente a hospitales y clínicas que atienden a las víctimas, y no de forma directa a los pacientes. Así mismo, existe una indemnización por incapacidad permanente, que puede llegar hasta 180 salarios mínimos legales diarios ($10,5 millones aproximadamente en 2026); esta dependerá del porcentaje de pérdida de capacidad laboral diagnosticada por la autoridad competente.
Para acceder a cualquiera de estos amparos, es necesario presentar documentación específica, incluyendo el Formulario Único de Reclamación de Indemnizaciones (FURPEN), registros civiles que acrediten parentesco, la certificación del Consejo Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo que pruebe que la víctima fue afectada directamente por el terremoto y demás soportes. La ADRES recalca que el trámite es gratuito, no requiere intermediarios ni abogado, y la reclamación debe hacerse dentro de los 18 meses siguientes al fallecimiento (o desde el dictamen de incapacidad permanente), no tres años como antes. Este plazo es clave para las familias, que deben iniciar el procedimiento oportunamente por los canales oficiales de ADRES.
Por último, es importante subrayar que la cobertura estatal no cubre pérdidas materiales como casas, muebles o vehículos, sino únicamente daños a las personas (muerte, incapacidad, salud y traslado).
¿Cómo solicitar la indemnización por muerte ante la ADRES tras el terremoto?
El trámite se realiza directamente por internet ante la ADRES mediante el Formulario Único de Reclamación de Indemnizaciones (FURPEN), adjuntando la certificación del Consejo Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo, documentos de identidad, registros civiles y demás soportes. Es importante diligenciar adecuadamente la documentación y cumplir con el plazo de 18 meses desde el fallecimiento.
¿Cuál es el monto y la distribución de la indemnización estatal por muerte tras una catástrofe?
La indemnización por muerte y gastos funerarios equivale a 750 salarios mínimos legales diarios vigentes, que en 2026 representan unos $43,77 millones. La suma se distribuye entre cónyuge o compañero permanente e hijos; en ausencia de estos, entre padres y, de no existir, entre hermanos, según las reglas legales establecidas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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