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La administración del presidente Gustavo Petro inició su periodo con la firme intención de transformar el sistema educativo de Colombia, enmarcada bajo la visión de una “sociedad del conocimiento”. Sin embargo, tal y como detalla un informe de El Colombiano, múltiples promesas fundamentales permanecen incumplidas, afectando diversos sectores educativos, desde estudiantes y docentes hasta becarios y la infraestructura en general. Este panorama, lejos de ser una simple suma de objetivos no alcanzados, revela un impacto profundo y duradero sobre la calidad y el acceso de la educación en el país.
Uno de los principales problemas radica en la asignación presupuestal. Aunque para 2025 el sector educativo dispondrá de la cifra récord de 79,2 billones de pesos, la mayor parte de estos fondos —alrededor del 92%— está comprometida en gastos de funcionamiento, dejando apenas el 8% para inversiones concretas. Esto, según expertos citados por El Colombiano, limita de manera significativa las posibilidades de mejorar la calidad, ampliar el acceso y fortalecer la infraestructura, en especial en las áreas rurales y para las comunidades más vulnerables.
La pérdida progresiva de matrículas en la educación básica oficial constituye otra señal alarmante. Las estadísticas reflejan un descenso constante en la inscripción de estudiantes en primaria y secundaria entre 2022 y 2024. Incluso el sector privado, tras ciertos aumentos iniciales, ha evidenciado una baja reciente. De acuerdo con análisis recogidos por El Colombiano, lo anterior apunta a una desconfianza creciente en el sistema público y a obstáculos cada vez mayores para las familias con menores recursos.
En materia de educación superior, los recortes y modificaciones a programas estratégicos, como Colfuturo y Fulbright, han reducido significativamente las posibilidades de realizar posgrados en el exterior. Esta situación golpea especialmente a los jóvenes de estratos bajos y medios, que tradicionalmente hallaban en estas becas un mecanismo clave para avanzar académicamente.
El caso del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) ilustra otro de los puntos críticos. Aunque el presidente Petro incluyó en su agenda la condonación de deudas estudiantiles, hasta el momento solo un reducido grupo de poco más de 8.000 personas ha recibido algún alivio, frente a un universo de casi 900.000 titulares de créditos activos. La desaparición del subsidio a la tasa de interés provocó, además, un incremento de hasta el 90% en las cuotas, agravando la carga financiera de los estudiantes beneficiarios.
El rezago en infraestructura educativa es igualmente notorio. De los 130 proyectos de construcción anunciados, solo seis han sido finalizados en 25 departamentos. Obstáculos administrativos, como los problemas existentes en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y los cuestionamientos a su gestión, han retrasado la ejecución de obras esenciales para mejorar el acceso y las condiciones de estudio.
En el nivel universitario, las decisiones del Ministerio de Educación han generado tensiones, sobre todo en la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, donde se han denunciado vulneraciones a la autonomía institucional. La situación se complejiza por investigaciones a instituciones privadas debido a posibles irregularidades. Organismos como el SENA enfrentan denuncias por politización y falta de renovación directiva, y la reforma del modelo de salud del magisterio ha expuesto un déficit preocupante de 2,7 billones de pesos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), provocando inquietud entre docentes.
Finalmente, recortes adicionales en emprendimiento, innovación y primera infancia han impactado organismos como iNNpulsa y el ICBF, limitando los apoyos destinados a jóvenes, emprendedores y niños vulnerables. Mientras tanto, la promesa de vincular doctores al sector público no se ha materializado, y la claridad sobre los nuevos cupos universitarios sigue en entredicho, ya que los expertos señalan discrepancias en las cifras oficiales.
¿Cuál ha sido la reacción de las comunidades educativas frente a estos incumplimientos?
La respuesta de las comunidades educativas ante el incumplimiento de las promesas del gobierno ha estado marcada por la preocupación y una creciente presión sobre las autoridades. Docentes, estudiantes y directivos han expresado, en diferentes escenarios, su inconformidad por la falta de avances en temas clave como la financiación, la infraestructura y el acceso a programas de becas, así como por la incertidumbre generada en la educación superior y técnica.
Estas manifestaciones no solo ponen en evidencia la expectativa generada por los anuncios iniciales del gobierno, sino también la necesidad urgente de acciones concretas para evitar un retroceso en materia educativa. Las críticas y demandas de las comunidades hoy ocupan un lugar central en el debate público, planteando la pregunta sobre cuáles serán los pasos siguientes del gobierno para recuperar la confianza y responder a las necesidades insatisfechas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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