Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por pulzo   May 7, 2026 - 5:53 am
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Armando Custodio y Gustavo Custodio Wouriyú Valbuena, hermanos destacados y poco visibles fuera de los círculos de poder indígena, han consolidado una influencia notable en La Guajira y la política nacional. Según el diario EL COLOMBIANO, ellos han ascendido en silencio dentro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y, más recientemente, en la agenda estatal. Mientras uno de los hermanos ha sido nombrado vocero para la paz con actores armados como el Clan del Golfo, también es el titular bancario encargado de recaudar más de 2.000 millones de pesos para la Constituyente promovida por el gobierno de Gustavo Petro, bajo el argumento de cubrir gastos logísticos.

El verdadero poder de los hermanos Wouriyú se proyecta principalmente en el extremo norte de La Guajira, a través de la Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte Extrema, conocida como Wayúu–Araurayú. De acuerdo con EL COLOMBIANO, entre 2023 y 2026 esta organización recibió más de 20.000 millones de pesos en contratos de entidades estatales, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), varios ministerios, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y administraciones municipales y departamentales. Aunque muchos de estos contratos tienen objetivos sociales, algunos sectores de la región cuestionan la eficacia y transparencia de los programas ejecutados, y existen dudas sobre el alcance real de estos proyectos en las comunidades beneficiadas.

Gustavo Wouriyú, que asumió la representación legal de la Asociación Araurayú en 2024, fue responsable de manejar un contrato de más de 6.000 millones de pesos en 2023, con el propósito de fortalecer la agricultura familiar y pesca artesanal, pero líderes consultados aseguran que los resultados no han sido satisfactorios. Junto con Armando, forman parte central de un esquema de poder que incluye el control de la contratación estatal, la participación en mesas nacionales de concertación y alianzas estratégicas con el gobierno actual. Esto les permite tener una influencia clave en la transición energética y en la articulación de programas sociales dirigidos a comunidades indígenas.

El control territorial de los Wouyurí se estructura sobre espacios oficiales como la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) de la Zona Norte Extrema de La Guajira, escenarios avalados tanto por el gobierno como por el Ministerio del Interior. La conformación de la ETI, según fuentes recogidas por EL COLOMBIANO, ha sido objeto de críticas, ya que se denuncia que muchos acuerdos se logran con la firma de autoridades ancestrales con poca formación académica y sin consultar ampliamente a todas las comunidades afectadas.

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Históricamente, Armando Wouriyú Valbuena labró su liderazgo desde los años ochenta como obrero de las salinas de Manaure y presidente de la ONIC. A lo largo de las décadas, su labor ha estado marcada por amenazas y desplazamientos debido al conflicto armado, pero también ha sido parte clave de la interlocución entre las comunidades indígenas y los distintos gobiernos nacionales. En la actualidad, tanto él como sus hermanos, agrupados bajo el poderoso Clan Wouyurí, mantienen una relación directa con Gustavo Petro y lideran proyectos estratégicos, especialmente en el área de energía limpia en la Alta Guajira.

No obstante, ese poder se percibe con desconfianza en algunos sectores indígenas, pues surgen críticas frecuentes sobre el manejo de recursos y la distancia entre la gestión burocrática en la capital y las necesidades básicas de las comunidades en el territorio. Aunque se presentan como interlocutores indispensables para la política nacional y la transición energética, persisten cuestionamientos acerca de la representación efectiva de los intereses comunitarios y la transparencia de los procesos contractuales y sociales.

¿Cómo impacta la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en la administración de recursos y representación de comunidades en La Guajira?

La creación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) ha marcado un antes y un después en la administración de recursos públicos y la representación de las comunidades indígenas de la región. Según datos del Ministerio del Interior citados por EL COLOMBIANO, la ETI de la Zona Extrema Norte, coordinada por Armando Wouriyú, abarca una vasta zona costera, poblada por decenas de miles de wayúu y sus líderes ancestrales. Esta entidad permite que los recursos sean transferidos directamente desde el gobierno central a las organizaciones indígenas, evitando la intermediación de autoridades municipales o departamentales tradicionales.

Sin embargo, según voces recogidas en la región, este modelo genera inquietudes sobre la trazabilidad de los recursos y el nivel de consulta previa realizado entre las comunidades. Críticas apuntan a que la conformación de la ETI no siempre garantiza una representación amplia, y que los acuerdos pueden ser firmados por líderes sin suficiente preparación, abriendo espacios para prácticas poco transparentes. Así, el papel de las ETI, aunque innovador y empoderador en teoría, se convierte en un tema sensible donde confluyen intereses político-económicos y expectativas sociales profundas en La Guajira.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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