El hermano del presidente Gustavo Petro está involucrado una supuesta trama de corrupción en la que unos abogados dicen hablar en nombre del Gobierno para cobrar dinero a presos que quieren unirse a la paz total. El familiar del mandatario es distinguido por visitar una cárcel donde presuntamente sostuvo reuniones con extraditables y narcotraficantes, quienes obtendrían el beneficio. Ese episodio fue conocido como ‘el pacto de La Picota’. 

(Vea también: No es la primera vez que Gustavo Petro solicita investigar a su hijo mayor, Nicolás)

Esos supuestos cobros se están haciendo por valores que rondan los 500 millones de pesos y la situación está convirtiendo el proceso de paz total con las bandas criminales en un lucrativo negocio bajo cuerda. Tanto así, que al hermano del presidente le estarían destapando una olla podrida, de la que él se estaría beneficiando ilegalmente.

Según Caracol Radio, Juan Fernando Petro se habría reunido en un restaurante de Medellín con 18 criminales, entre narcotráficantes y miembros de bandas delincuenciales de la capital antioqueña. Lo curioso de este encuentro fue que todos llegaron al lugar disfrazados con pelucas para no ser pillados. De hecho, el establecimiento estuvo cerrado el tiempo que duró la reunión y el pago se hizo en efectivo.

Además, de acuerdo con la emisora, el hermano del presidente pidió apagar las cámaras de seguridad del restaurante para no dejar nada al azar y concretar la reunión, en la que muy posiblemente habría recibido dineros a cambio de información. 

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Según El Colombiano, el precio regular por las gestiones ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es de 500 millones de pesos, pero dependiendo de la jerarquía del cabecilla y la importancia del grupo criminal, la cifra puede oscilar entre los 200 y 600 millones de pesos.

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