Cuando el presidente Gustavo Petro solicitó ayer, 2 de marzo, investigar a su hermano Juan Fernando Petro, y su hijo, Nicolás Petro Burgos; las razones en contra del hermano eran más claras pues él mismo ya había dicho que había personas que han utilizado su nombre para propósitos oscuros, que tendría que ver con sobornos a narcotraficantes para prometer beneficios en la política de “paz total”.

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Sin embargo, la participación de Nicolás Petro estaba más difusa, pues no solo negó que hubiere estado vinculado con la “paz total” y haber recibido algún “tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”; sino que horas después del comunicado del presidente, se conoció otro caso: Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, reveló que Petro Burgos se quedó con más de $ 1.000 millones, que dos polémicos hombres prometieron entregar a la campaña presidencial de su papá: Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, y Alfonso el Turco Hilsaca.

Además, aseguró que Nicolás Petro se quedó con una camioneta que le habría entregado un empresario de Villavicencio y de la que el hoy presidente jamás supo nada. Vásquez agregó que cuando le contó todo a Gustavo Petro, él quedó preocupado y decepcionado, y le dijo que “Nicolás se iba a meter en problemas y que, por ende, él terminaba también metido en problemas por el hijo.

Así pues, ante esa situación, el presidente señaló que sobornos o beneficios a criminales “no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia”. No obstante, esta no es la primera vez que el hijo del primer mandatario se enfrenta a una investigación ante la Fiscalía.

Petro solicitó investigar a su hijo Nicolás en 2014

En 2014, como lo documentó El Espectador, Gustavo Petro ya había solicitado investigar a su hijo mayor, en esa ocasión, por su presunta intervención en irregularidades en contratos millonarios del distrito. La intención del entonces alcalde de Bogotá era despejar todas las dudas sobre esa participación.

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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia abrió la investigación el 3 de septiembre del 2014 en contra de Nicolás Petro Burgos por su injerencia en los procesos de contratación. Se supo que la denuncia había sido solicitada por el mismo Gustavo Petro.

El actual presidente instauró la demanda para que se adelantarán las indagaciones por presuntas irregularidades en los contratos de la prórroga del Sistema Integrado de Movilidad, donde también están investigados el ex secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez y la ex secretaria general de la Alcaldía Susana Muhamad.