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Esta empresa de servicios de telecomunicaciones en la nube opera en 17 países de Latinoamérica y almacena datos, por lo que entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, de Comercio, Coljuegos, EPS y toda la rama judicial tienen su página caída.
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Saúl Kattan, alto consejero para la Transformación Digital, ha mencionado que el país parece quedarse en pañales en tener una infraestructura que ayude a que se mitiguen estos ataques, luego del hackeo a IFX, y resaltó que los datos en materia de salud y justicia son los más comprometidos.
“Es muchísima la información que tenemos hoy comprometida. Somos positivos en que en horas podamos recuperar gran parte de estos y ojalá toda la información”, explicó Kattan en entrevista con La W.
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Cabe destacar que el tipo de ciberataque que le hicieron a IFX Networks es un ransomware, que es cuando un programa restringe el acceso a un sistema operativo como este, y a cambio se pide un dinero para levantar la restricción.
¿Pagará el Gobierno Nacional por rescatar a IFX de hackeo?
Aunque la situación está siendo manejada por expertos, la Fiscalía, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, desconocen cuándo podría estar controlada la situación en todo Colombia.
“A nosotros no nos han pedido nada hasta ahora. El Gobierno Nacional no sabe si al proveedor de internet IFX le han pedido recompensa, pero generalmente sí es esto lo que buscan”, explicó el alto consejero en entrevista con RCN.
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“Por supuesto el Gobierno Nacional no está dispuesto y no pagará recompensa por la información”. Al mismo tiempo, indicó que descartan que se haya tratado de un ataque político, por las circunstancias en las que ocurrió.
Ante la incertidumbre, el Consejo Superior de la Justicia decidió suspender los servicios judiciales en todo el territorio nacional a partir de este 14 de septiembre hasta el 20 del mismo mes, salvo para acciones de tutela, hábeas corpus y la función de control de garantías.
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Esto teniendo en cuenta que, IFX dijo que “no es posible restablecer el servicio de manera inmediata con el fin de asegurar el acceso y los servicios de administración de justicia, el debido proceso y demás garantías procesales”.
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