Recordándole que es la máxima autoridad administrativa del país, el presidente de la República, Gustavo Petro, le envió una carta a la procuradora general, Margarita Cabello, sobre un caso que desató controversia judicial.
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En el documento revelado por W Radio con fecha de 25 de julio y de 24 páginas, el mandatario desacata la decisión del ente de control de suspender al alcalde de Riohacha, José Emilio Bermúdez, por irregularidades contractuales.
Petro, que en teoría debería expedir un decreto designando un encargado para dicho municipio, porque es una ciudad capital, desconoció la decisión de la Procuraduría argumentando que ese organismo administrativo no tiene facultades para sancionar a un alcalde en ejercicio, según lo que dice el mandatario en la carta.
De hecho, el presidente se basó en el mismo argumento que tuvo cuando fue suspendido como alcalde de Bogotá por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. En ese momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tumbó el fallo y bajo esa tesis desacató la decisión de suspender al alcalde de Riohacha.
“No reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la CIDH en sus precedentes, lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad administrativa, en cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente […], implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que, en el futuro, le sería reclamado a la República de Colombia”, argumentó Petro en la misiva.
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Por esa razón, el mandatario pidió devolver la solicitud al funcionario administrativo de origen “para que adopte los correctivos convencionales que correspondan en el ámbito de sus competencias”. De igual manera, también comunicó que remitirá los antecedentes de este asunto a la Fiscalía para que, si a bien lo tiene, adelante las actuaciones que considere pertinentes dentro de sus funciones.
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