Sin mencionar a Colombia, ni mucho menos al presidente Gustavo Petro y a la procuradora general Margarita Cabello, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro se refirió a la polémica suscitada entre ambos por las investigaciones contra algunos congresistas del Pacto Histórico, la coalición de Gobierno.

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Tras el encuentro de Almagro con el canciller Álvaro Leyva en Bogotá, el secretario general emitió una declaración en la que afirma que “los mandatos constitucionales de autoridades electas solamente pueden ser interrumpidos en función de sentencias de jueces penales”, mostrando su respaldo a la postura tomada en este caso por el presidente Petro.

Almagro agregó además que lo dispuesto está “respaldado por los tratados internacionales de Derechos Humanos, y especialmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La postura del secretario general de la OEA va en línea con la postura de Petro luego de que esta semana la Procuraduría, además de anunciar la suspensión, por ocho meses, del senador Álex Flórez, también llamó a juicio disciplinario al senador Wilson Arias, ambos del Pacto Histórico.

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Petro manifestó que, con el proceder de la Procuraduría, su Gobierno está sufriendo “un golpe blando”, porque una entidad como esta no puede suspender a funcionarios electos por voto popular.

El argumento del presidente se basa en que la procuraduría está desconociendo el fallo de la Corte IDH en la que se determinó que el Ministerio Público no es el organismo que debe sancionar a los funcionarios elegidos con voto popular.

En un mensaje vía Twitter, Petro le dijo a la procuradora Cabello que “no se atribuya funciones que no tiene”, porque la entidad que dirige “no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. Usted tiene prohibido suspender derechos políticos. Esa es nuestra constitución, esa es la convención americana. Respételas (sic)”.

Al respecto, Almagro también expresó en la declaración que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) refleja lo establecido en el artículo 23 de la Convención, que establece parámetros para el ejercicio de los derechos políticos”.

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Y agregó: “Es imprescindible que todos aquellos órganos del Estado que no sean jueces penales, incluidos los órganos de control administrativo, se abstengan de realizar actos que vayan en contra de este principio, que hace a la esencia del funcionamiento democrático y del Estado de Derecho”.

La bancada del Pacto Histórico anunció esta semana en una carta que solicitará medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que les proteja sus derechos políticos.

En la misiva aseguran que la Procuraduría “ha asumido competencias en abierta contravía de reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia del Consejo de Estado”.

El Pacto también criticó directamente a Cabello: “Quien preside la Procuraduría, la exministra de Justicia del gobierno de Iván Duque, doctora Margarita Cabello, no brinda garantías al derecho de defensa de los congresistas de la bancada de Gobierno por actuar, más que como cabeza del Ministerio Público, como integrante de la oposición, al punto de llegar a afirmar en una entrevista al periódico El Tiempo que ‘nosotros (sic) votamos en contra’ de la ley de la Paz Total”.

La procuradora no se ha pronunciado ante la declaración de Almagro y tampoco lo hizo tras la carta del Pacto. No obstante, días antes sí le respondió al presidente Petro asegurando que la entidad que ella dirige “mantiene su función constitucional de investigar y fallar las investigaciones disciplinarias que se adelanten contra funcionarios públicos, incluidos los de elección popular”.