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Las declaraciones del senador y excandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sobre la declaración de desobediencia civil pacífica siguen generando revuelo en diferentes sectores de la política, incluyendo a las mismas filas de la izquierda.
Luego de que Cepeda reiterara su posición de declararse en desobediencia desde la ciudad de Cali, e invitara a sus seguidores a continuar con esa decisión, el rechazo no se hizo esperar.
Uno de los primeros en reaccionar a estas nuevas declaraciones, fue el próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien aseguró que el senador “no reconoce la autoridad surgida de la voluntad de los colombianos expresada en las urnas. Eso es profundamente antidemocrático: en una democracia constitucional, el reconocimiento del resultado electoral es uno de sus pilares”. Y agregó: “Llama a ese desconocimiento ‘desobediencia civil’. Un eufemismo para trasladar la confrontación política de las instituciones a la calle: ya sabemos que eso significa ‘primeras líneas’ y bloqueos de las disidencias de la ‘paz total’”.
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Por último aseguró que en el gobierno de Abelardo de la Espriella “los colombianos pueden tener la tranquilidad de que se hará cumplir la Constitución y la ley. Nunca permitirá que la violencia, los bloqueos o la intimidación vuelvan a imponerse sobre la vida cotidiana de los ciudadanos”.
Por su parte, el exsenador Mauricio Gómez Amín, quien hace parte del círculo cercano del presidente electo y suena como ministro de Comercio, dijo: “A quienes hoy promueven la desobediencia civil les decimos con absoluta claridad: el gobierno de Abelardo de la Espriella garantizará el cumplimiento de la Constitución y la ley, sin excepciones. Nunca más la violencia, los bloqueos ni la intimidación estarán por encima de los derechos de los colombianos. En la Era del Tigre, la autoridad se ejercerá con firmeza y la ley se hará respetar”.
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Reafirmando lo dicho por Lara y Gómez, pero desde las afueras del círculo de De la Espriella, José Uscátegui, congresista del Centro Democrático, se refirió a las declaraciones de Cepeda como “desafortunadas”. “Hablar de desobediencia civil desde el Monumento a la Resistencia, escenario que para muchos recuerda los bloqueos, el vandalismo y la violencia que golpearon a Cali, solo reabre las heridas del país. La democracia no se desconoce cuando se pierde; se respeta”.
Por su parte, María Fernanda Cabal, quien busca la escisión del Centro Democrático dijo: “Cepeda mal perdedor y copia de Petro, amenaza al país con la desobediencia. Ya que no aceptará el Estado de derecho y las decisiones del gobierno entrante debería por obligación moral renunciar al cargo de Senador y a su salario de más de COP 50 millones de pesos”.
Sin embargo, estas críticas no vienen solamente desde el lado contradictor de Iván Cepeda. El Espectador pudo conocer, que dentro de las filas de la izquierda e incluso, al interior del Pacto Histórico, existen desacuerdos sobre el momento en el que llegan estas declaraciones, sobre todo porque al inicio no hubo un consenso previo al interior de la colectividad sobre esta postura.
Y es que es precisamente, en medio del tenso empalme que se adelanta entre las administraciones de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, que Cepeda ha proclamado esta decisión, que además afirma ahora, es una decisión de bancada.
“Desde el Pacto Histórico hemos tomado esa decisión […]. Él nos amenaza con entregar nuestra soberanía como nación y como pueblo a los Estados Unidos, a su gobierno y a su presidente Donald Trump. El amenaza al pueblo colombiano con acabar las reformas sociales que hemos construido con tanto sacrificio en este gobierno y amenazan debilitar gravemente el Estado social de derecho. Él amenaza con violar la Constitución y con desconocerla abiertamente. Él amenaza con perseguir y con utilizar la violencia contra quienes se opongan a su gobierno. Ha dicho que practicará la violencia y amenazado con entre comillas destriparnos si no nos sometemos a su dominación autoritaria. No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar”, aseguró.
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Sin embargo, desde el mismo gabinete del presidente Gustavo Petro, los ministros Jorge Iván Cuervo (Justicia) y Edwin Palma (Energía) señalaron públicamente que no estaban de acuerdo con esa figura: “Es actuando, no sustrayéndose del debate político, público y democrático”, aseguró el jefe de la cartera de Minas.
En esta línea, y aunque hay figuras que lo respaldan públicamente, como los congresistas María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra y Wilson Arias, otras voces que lo apoyaron en la candidatura tienen diferencias. “Estos no son tiempos para hablar de empalmes vengativos ni de desobediencias civiles, así sean pacíficas”, aseguró el expresidente Ernesto Samper.
En este contexto y de acuerdo con la Corte Constitucional, la desobediencia civil representa una forma de protesta que implica “la aceptación de los principios estructurales de la organización política y jurídica, y no pretende subvertirlos sino lograr que se implemente de manera adecuada”. Parafrasea sin modificar lo que está entre comillas
El editorial del pasado jueves de El Espectador advirtió que “la decisión de no reconocer al próximo presidente y de pedir que se desobedezcan las órdenes del ejecutivo implicaría, de llevarse a cabo, paralizar el país”. Asimismo, sostuvo que esta figura está concebida “para momentos extremos de abusos claros al orden constitucional, no para dar golpes de opinión cuando un gobierno ni siquiera ha comenzado”. Una postura similar expresó el jurista y columnista de este diario, Rodrigo Uprimny, quien afirmó que ese llamado “tensiona aún más un contexto político muy difícil”.
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