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El presidente Gustavo Petro anunció que declarará una nueva emergencia económica, social y ecológica para atender los efectos de una grave crisis climática que ha afectado con especial fuerza a Córdoba y Sucre, aunque advirtió que la medida podría extenderse a todo el país.
Todo comenzó porque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sugirió al presidente Gustavo Petro declarar una emergencia económica, social y ambiental ante las severa crisis climática provocadas por el frente frío que afecta al país desde finales de enero.
De acuerdo con la entidad, el fenómeno climático ha generado más de un centenar de emergencias en distintas regiones, principalmente por lluvias intensas, inundaciones y daños a la infraestructura, lo que ha puesto a prueba la capacidad de atención de las autoridades locales y nacionales.
La recomendación se formuló durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, realizada en la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD, en la que se analizaron los impactos acumulados del frente frío sobre la población, así como los recursos disponibles para enfrentar la situación.
Según la evaluación presentada, la magnitud de los eventos climáticos y su persistencia justifican la adopción de medidas excepcionales que permitan agilizar la respuesta del Estado y garantizar una atención oportuna a las comunidades afectadas.
En este momento estamos en Consejo nacional de gestión de riesgo de desastres
Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte
Paradójicamente se da en la tierra del magistrado Camargo Assis…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2026
A través de su cuenta en X, el presidente dijo: “Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte Constitucional”, afirmó el presidente, al referirse al fallo del 29 de enero que dejó sin efecto una declaratoria anterior.
Muertos, miles de viviendas destruidas y riesgo de hambre
Según las cifras expuestas por el jefe de Estado, la emergencia deja 14 personas muertas, 9.000 viviendas destruidas y cerca de 50.000 familias afectadas. Además, 35.000 hectáreas están inundadas y 300.000 personas han resultado impactadas directa o indirectamente.
Petro citó advertencias de organismos internacionales para dimensionar el impacto social de la crisis. “Como dijo la FAO, había riesgo de hambre en Córdoba y Sucre por la crisis climática”, señaló, al tiempo que subrayó que los eventos extremos se han intensificado.
El presidente atribuyó parte del desastre a fenómenos climáticos excepcionales. “No se registra en la historia que hubiera fluido tanto una corriente fría ártica hacia el sur como la que llegó a nuestra costa”, aseguró.
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De acuerdo con su explicación, esta situación ha provocado lluvias sin recuerdo estadístico en la región, y advirtió que este fin de semana llegará un segundo frente frío ártico al país. “Tenemos un frente frío del Ártico sobre Colombia. No es un chiste”, enfatizó.
En su pronunciamiento, Petro lanzó fuertes cuestionamientos al manejo del sistema energético y de los embalses. Afirmó que estos se han llenado por encima de sus máximos, no por prevención, sino por intereses económicos.
“Solo por dejar funcionar termoeléctricas de gas que dejan tarifas diez veces más altas que los costos de las hidroeléctricas, no las han dejado funcionar”, dijo, al denunciar una presunta especulación con las tarifas de energía.
El mandatario ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos examinar el nivel de todos los embalses y anunció posibles sanciones. Además, pidió explicaciones a XM, el operador del sistema, por permitir, según él, prácticas especulativas en medio de sequías y lluvias anunciadas.
Petro también responsabilizó al embalse de Urrá de agravar la emergencia en el bajo Sinú y recordó las advertencias del líder indígena Kimy Pernía Domicó. “Nunca se debió construir Urrá; Kimy Pernía tenía razón y previó lo que pasa hoy”, afirmó.
Según el presidente, el proyecto permitió que tierras de ciénagas y caños fueran ocupadas ilegalmente, aumentando el riesgo de inundaciones. Como respuesta inmediata, anunció que el Ejército derribará diques que impiden el flujo natural del agua y que se restituirán tierras para mitigar el impacto.
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El anuncio de una nueva emergencia revive el debate político y jurídico sobre el uso de estados de excepción. Petro cuestionó que la Corte Constitucional haya suspendido un decreto previo al considerar que el cambio climático no implicaba imprevisibilidad.
“La ciencia dijo que la crisis climática es cada vez más imprevisibilidad creciente y hacia el colapso”, sostuvo, y calificó como “suicida” la exigencia de recortar presupuestos en medio del desastre.
Finalmente, el presidente hizo un llamado directo al alto tribunal: “Le solicito a la Corte Constitucional levantar la suspensión para atender el desastre y sus consecuencias”.
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