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Un edificio deteriorado en la vereda Cuchilla de El Salado, en Manizales, es el escenario donde diariamente 74 niños reciben clases pese a graves deficiencias en su infraestructura. La construcción, que exhibe grietas notorias, fachadas sucias, ventanas sin vidrios y canales improvisados como materos, esconde tras sus muros la cotidianidad de decenas de estudiantes matriculados en la Institución rural Miguel Antonio Caro. La situación genera inquietud entre padres y representantes de la comunidad, como reconoce Jaqueline Jiménez, quien señala el deterioro del inmueble mientras espera entregar el desayuno a sus hijos. Su llamado no es aislado: habitantes y líderes de la zona sienten que el edificio, ya calificado de “adefesio”, representa un riesgo para quienes lo ocupan.
El uso del edificio plantea un complejo conflicto administrativo. Aunque la edificación es propiedad de la Junta de Acción Comunal de la vereda, su explotación actual depende de la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Educación. Esto ha derivado en un limbo legal: la Junta no destina recursos porque no utiliza directamente el espacio, mientras que la Alcaldía alega no poder invertir fondos públicos en un bien que no está registrado como municipal. Así lo confirma Javier Bustamante Toro, presidente de la Junta y exrector del colegio, quien señala la presencia de grietas y vegetación avanzando sobre los andenes y pide claridad sobre la titularidad del inmueble para emprender las reparaciones necesarias.
El origen del edificio se remonta a iniciativas comunitarias de décadas atrás. Según testimonios de Juan Carlos Gallego, habitante y antiguo estudiante, la comunidad participó mediante festivales, rifas y ventas para recolectar los fondos requeridos. La obra concluyó en 1972 tras la compra del terreno y con apoyos adicionales del Comité de Cafeteros y el entonces congresista Ómar Yepes. Inicialmente destinado a primaria, el edificio luego fue entregado al municipio para atender el aumento en la demanda educativa.
Con el paso de los años, los problemas se agravaron. Los líderes de la vereda, que cuenta con tres mil 700 habitantes y es parte del Paisaje Cultural Cafetero reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), plantean dos necesidades prioritarias: recuperar el inmueble y construir un colegio más grande que atienda a la niñez y juventud local. El colegio Miguel Antonio Caro figuró en 2016 en un programa nacional para ampliación de aulas, pero el proyecto nunca se concretó, pese a existir recursos de la Alcaldía y el Ministerio de Educación. En lugar de la esperada transformación, solo se realizaron algunas reparaciones básicas.
Actualmente, la infraestructura física se encuentra comprometida, con filtraciones de aguas negras, techos desprendidos y riesgos evidentes para los niños, quienes, según relatan pobladores y padres, han sufrido accidentes al desplazarse por escaleras inadecuadas. Las voces comunitarias coinciden en la urgencia de una solución integral.
Por su parte, Andrés Felipe Betancourth, secretario de Educación de Manizales, precisa que el edificio no figura como sede educativa ante el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Explica que, debido a necesidades en la zona rural, a veces se habilitan aulas en espacios ajenos, pero el municipio no puede invertir allí. Sin embargo, se han ejecutado inversiones en las sedes oficiales del colegio y se prevé que, una vez solucionado el tema de propiedad, tanto la Junta como la institución educativa puedan recuperar funciones específicas y trabajar articuladamente por la comunidad.
¿Qué consecuencias puede tener que una sede escolar no esté registrada oficialmente ante el DANE?
La falta de registro de una sede escolar en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implica que ese espacio no es reconocido oficialmente como parte del sistema educativo, lo cual limita la posibilidad legal de recibir recursos públicos para obras de mantenimiento o adecuaciones. Esta circunstancia afecta tanto la seguridad física de los estudiantes como la calidad de la educación ofrecida, ya que el inmueble solo puede recibir mejoras si es formalmente una sede del municipio.
Este tipo de situaciones es frecuente en zonas rurales, donde a menudo se habilitan inmuebles de propiedad privada o comunal debido a la falta de infraestructura oficial. Sin embargo, la administración educativa debe responder a las necesidades de cobertura, garantizando que los espacios utilizados cumplan con condiciones mínimas de seguridad y dignidad para los estudiantes. ¿Cómo puede una comunidad rural gestionar ante las autoridades la oficialización de sedes educativas para acceder a inversiones en infraestructura?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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