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Durante la más reciente edición del Congreso de Andesco celebrado en Cartagena, el director general de la Corporación Autónoma Regional (CAR), Alfred Ballesteros, realizó una advertencia contundente sobre la gestión del agua en la región. De acuerdo con Ballesteros, "la seguridad hídrica no empieza en el tubo; la seguridad hídrica empieza en los ecosistemas," y exigió a los sectores productivos, incluidas las empresas de servicios públicos, aumentar significativamente sus inversiones destinadas a preservar las fuentes hídricas. Este llamado, reiterado luego en una entrevista radial, no solo describe una problemática ya reconocida sobre el manejo del recurso hídrico, sino que resulta llamativo por provenir precisamente de quien tiene la responsabilidad principal de prevenir estas dificultades.
Ballesteros, en su segundo periodo al frente de la máxima autoridad ambiental regional (tras su primera gestión de 2012 a 2015 y su actual dirección para el periodo 2024-2027), lidera una entidad que recibe recursos de los municipios por mandato legal. Según el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, un porcentaje significativo del impuesto predial (entre el 15 % y el 25,9 %) está destinado, justamente, a proteger cuencas y páramos. Además, de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la misma ley, la CAR cobra a las empresas tasas relacionadas con el uso y gestión de aguas.
No obstante, lo que Ballesteros presenta como un acto voluntario de responsabilidad por parte de las empresas, en realidad ya representa una obligación legal para ellas. Según la normativa citada, todo proyecto que tome agua de fuentes naturales, previa licencia, debe invertir al menos el 1 % del valor total del proyecto en recuperar y vigilar la cuenca afectada. Le corresponde a la CAR asegurar el cumplimiento efectivo de estas obligaciones y no solo hacer llamados públicos tardíos.
Por otro lado, toda expansión urbana o agroindustrial en el área de la Sabana de Bogotá y en la jurisdicción de la CAR requiere una concertación ambiental previa, según la Ley 388 de 1997. Si hay microcuencas degradadas, parte de la responsabilidad estaría en las decisiones adoptadas por la propia CAR en la aprobación de planes de ordenamiento territorial (POT). Así mismo, la gestión de concesión y administración del recurso hídrico recae según la ley en la propia CAR, no en las empresas, que solo gestionan y distribuyen el agua previamente concesionada.
Un contraste claro aparece con la Empresa de Acueducto de Bogotá. Su gerente, Natasha Avendaño, destacó el manejo preventivo de los embalses, lo que permite que Chingaza hoy opere al 95 % de su capacidad y descartar así racionamientos; gestión que muestra resultados mientras que, al interior de la CAR, se siguen señalando responsabilidades externas.
¿Qué es la CAR y cuál es su función en la gestión del agua?
La Corporación Autónoma Regional (CAR) es la principal entidad responsable de la administración ambiental en la región, encargada por ley de proteger cuencas, otorgar concesiones de agua y vigilar el uso del recurso hídrico. Esta función le exige garantizar el cumplimiento de normas ambientales, asegurar inversiones en recuperación de ecosistemas y coordinar la planeación alrededor del agua.
¿Por qué se cuestiona la gestión de la CAR frente a la crisis hídrica?
Se cuestiona porque, según la información presentada, la CAR ha priorizado señalar la responsabilidad de las empresas y sectores productivos cuando la ley asigna a esta entidad la tarea principal de prevenir las crisis del recurso hídrico, verificar obligaciones y administrar efectivamente los fondos y las acciones necesarias para garantizar la seguridad del agua en su jurisdicción.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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