En el texto, la entidad aclaró que la petición es improcedente:

“Este tipo de peticiones solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de garantías”.

Es decir, que el caso debe avanzar con el estudio de los expedientes, que incluyen por lo menos 25.000 grabaciones y otras declaraciones de testigos antes de tumbar la detención domiciliaria preventiva dictada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de agosto.

La Fiscalía detalló que esa decisión se enmarca en lo establecido por la “Ley 906 de 2004 que diseñó el Sistema Penal Acusatorio en Colombia”.

Ahora que se conocen las leyes bajo las cuales será investigado Uribe, su defensa procederá, en las próximas horas, a “presentar ante un juez de garantías la revocatoria de la medida de detención domiciliaria” porque consideran que es una decisión que se quedó sin vigencia, dice Semana. Esto deberá tener una respuesta rápida que puede ser aprobada o negada.

La revista recordó que las tres razones por las que se sustenta la medida de aseguramiento para una persona es que represente un peligro para la sociedad, que pueda interferir en el proceso de alguna forma o que exista el peligro de fuga.

Entre tanto, el comunicado de la Fiscalía también informó que ya se hizo una primera revisión a los documentos del proceso, en el que se investiga al expresidente por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

Gracias a eso, dijo la entidad, el fiscal delegado para el caso del exsenador Uribe, Gabriel Ramón Jaimes Durán, “evidenció que el asunto materia de investigación debe seguirse exclusivamente dentro de los parámetros” de la mencionada ley porque “hace referencia a hechos que habrían ocurrido entre 2017 y 2018” y es un cambio que se hará ante un juez de garantías.

Por último, el comunicado añadió que “la complejidad de la investigación y la dispendiosa documentación del expediente, exigirá que en los próximos días se haga un estudio del caso para definir un método de tránsito entre los dos sistemas procesales“.

Es decir, entre la Ley 600 bajo la cual estaba llevando el proceso la Corte Suprema y la nueva a la que hace referencia la Fiscalía. Hasta entonces, la medida de aseguramiento a Uribe se mantendrá vigente.