En su declaración, el jefe del ente investigador destacó algunas de las líneas legales que se saltaron en este caso y en el que están involucrados funcionarios de la Presidencia de la República y de la Policía Nacional.

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Barbosa indicó que la institución, puntualmente la Dijín, hizo una investigación por un hurto “que no tiene nada que ver con seguridad nacional”, y que nació de la falsificación de un informe de Policía Judicial que terminó por vulnerar los derechos de dos ciudadanas.

En ese proceso, explicó el fiscal, construyeron una historia “miserable” y se inventaron un prontuario para las empleadas de Sarabia, jefe del despacho presidencial de Gustavo Petro:

“El informe vuelve a una de ellas [Marelbys Meza] como la encargada de cocinarle a alias ‘Siopas’, cabecilla del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, y vuelve a [Fabiola] la señora que iba a atender la casa [de Laura Sarabia] por días como alias ‘la Madrina’, encargada de realizar los giros de plata, comprarle comidas y llevarle memorias con información y órdenes impartidas por el comandante Ómar Onilo, segundo cabecilla de ese bloque a los demás frentes [del ‘Clan del Golfo’]”.

Barbosa reprochó que se haya diseñado todo un entramado “para resolver un problema de la señora Laura Sarabia y de un hurto en su casa” y destacó que se abre la puerta para que cualquier persona pueda ser víctima de estas prácticas.

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Todo esto con la gravedad de que el informe lo firmó un miembro investigador criminal de la Policía Nacional, aseveró Barbosa.

¿Cómo chuzaron a empleadas de Laura Sarabia?

El fiscal aseguró que ya una fiscal en Bogotá estaba trabajando en la denuncia de hurto que hizo Sarabia, “pero como necesitaban rápido escucharlas y saber dónde metieron la plata, entonces se inventaron un informe con la Dijín“.

Además, comenzó a entregar detalles sobre las irregularidades que, dijo, se cometieron en despachos judiciales por funcionarios:

“Se van y engañan a otro juez en Quibdó, las convierten en miembros del ‘Clan del Golfo‘, las escuchan y en la tarde —como si estuviéramos con la Gestapo [policía secreta estatal de la Alemaniza nazi] en Colombia— las trasladan en un carro y les hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional, como muestran las preguntas que la Fiscalía tiene en trazabilidad judicial”.

La cabeza de la entidad añadió que dicho informe judicial falso “lo metieron en un despacho de crimen organizado” y, luego, lo llevaron ante un juez para decirle que tenían la certeza de que esas personas debían interceptarse porque obtuvieron la información de una fuente de confianza de los cabecillas e integrantes del grupo criminal.

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“Esta misma fuente humana ha suministrado dentro de esta investigación [sobre el ‘Clan del Golfo’] diferentes abonados telefónicos, los cuales han sido interceptados legalmente y han generado información de suma importancia para el caso, por lo cual se hace necesario la interceptación de estos celulares”, decía el informe citado por el fiscal, que además fue “verificado ante los organismos judiciales y de inteligencia”.

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Crítica del fiscal a la justicia

Como parte de sus declaraciones, Barbosa definió el caso como investigaciones paralelas por fuera de la ley:

“Esta es la ‘parajusticia’. En Colombia se ha hablado mucho de paramilitarismo, bueno, bienvenidos a la ‘parajusticia’ en Colombia.

Y explicó: “La ‘parajusticia’ es abrirle un boquete a la justicia, saltarse los mecanismos legales, utilizar un informe de Policía Judicial falso, decir que además hay verificación de la fuente, convertir a dos ciudadanas —que tienen derecho a la presunción de inocencia— en alias ‘la Cocinera’ y alias ‘la Madrina’ y después llevarlas al edificio Galán del Palacio de Nariño escuchándolas ya en una sala de la Policía Nacional para interrogarlas sin apoderado judicial”.

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Por último, agregó otro par de frases sobre su percepción del nuevo escándalo en el país:

  • “Esto es una burla a nuestra judicatura”.
  • “Es un caso aberrante desde el punto de vista judicial”.
  • “Todas esas prácticas terribles de chuzadas, incluso del DAS, que generaron el cierre de esa institución han vuelto a Colombia en el marco de estos procedimientos”.