El semanario divulgó detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía General en relación con una serie de supuestos aportes ilegales que habría hecho la entonces gigante petrolera en Colombia, con destino a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.
Los investigadores siguen el rastro de 7.220 millones de pesos que habrían sido girados a las campañas y que presuntamente se quedaron en manos de reconocidas empresas de publicidad e investigación de mercados en Colombia.
Entre esas empresas vuelve a sobresalir la firma Sancho BBDO, que habría recibido un pago por más de 797 millones de pesos. Esa empresa también fue mencionada en el marco de la investigación por el escándalo de Odebrecht luego de que se confirmó que un millón de dólares entraron a sus cuentas para efectuar un estudio político en la misma época, agregó el semanario.
Los demás receptores de Pacific serían las firmas Sístole, Pato de Hule, Creatividad Global, Langton International Holding y Coservipp, que es una empresa de seguridad que recibió 2.636 millones de pesos a través de una filial de Pacific para “una importante actividad de trascendencia nacional que tuvo lugar a mediados de junio de 2014”, subrayó Semana.
La denuncia llegó por el lado de una abogada de Frontera Energy Corporation, la firma canadiense que quedó después de la restructuración financiera de Pacific en 2016, que pide investigar una serie de pagos no reportados a terceros y que habrían sido ordenados desde la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, señaló la revista.
A su turno, el excandidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga salió al paso de las revelaciones de Semana y aseguró que la contabilidad de su campaña cuenta con los registros de ingresos y gastos y añadió que “actuó de manera correcta”.
La revista menciona que los partidos Cambio Radical y La U también estarían entre los destinatarios finales de los recursos girados por Pacific para cubrir las “donaciones a campañas” que también serán investigadas por el Consejo Nacional Electoral y por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
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