Escrito por:  Redacción Nación
Oct 1, 2023 - 1:17 pm

Este domingo se conoció que hay nuevos datos sobre cómo se llevó la investigación del excontroller, que falleció el 8 de noviembre de 2018, y que en su momento estuvo a cargo de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.

Jorge Enrique Pizano murió y, a la fecha, no se ha logrado determinar lo que realmente le pasó, pese a que el caso se cerró. En su momento se habló de que murió por consumir agua con cinauro de una botella, y ahora la Fiscalía está pidiendo que definitivamente se archive el caso argumentando que la muerte fue por un infarto fulminante, es decir, causas naturales y no un homicidio.

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El ente investigador presentó sus argumentos en una audiencia ante un juzgado de Cundinamarca, en la que mostró que fue Pizano el que compró el agua y el cianuro, aunque el dictamen de Medicina Legal determinó que no encontró sustancias tóxicas en su cuerpo. Quien sí bebió accidentalmente de esa botella que había quedado en el escritorio de Pizano fue su hijo Alejandro, que murió 3 días después, cuando acudió al funeral de su padre.

Pero desde la otra orilla, la familia está pidiendo que se reabra la investigación porque hay elementos que en su momento no se tuvieron en cuenta.

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El próximo 24 de noviembre está programada la intervención del abogado de la familia, Miguel Ángel del Río, que buscará convencer al juez que hay pruebas nuevas. Sobre una de ellas, habló María Jimena Duzán en Cambio:

“Siendo fiscal, Néstor Humberto recibió en sus manos el iPad personal que tuvo Jorge Enrique Pizano hasta el último día de su vida y en el que grabó los audios que fueron revelados luego de su sorpresiva muerte y que prueban cómo sus hallazgos y sus denuncias habían llegado hasta los más altos representantes del Grupo Aval, incluido el propio Néstor Humberto Martínez. La gran revelación es que este iPad nunca fue analizado por la Fiscalía ni formó parte del acervo probatorio. En otras palabras, llegó a manos del entonces fiscal, pero nunca lo conoció la Fiscalía”.

Todo ello es relevante porque, antes de morir, Pizano estaba llevando una investigación y ya había comenzado a revelar cómo Odebrecht y el Grupo Aval estaban ofreciendo coimas para que les fueran adjudicadas varias obras. Para el momento en el que funcionaba la red de corrupción, Néstor Humberto Martínez era abogado del Grupo Aval.

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Además, según el testigo de la revista, “Martínez se llevó el iPad personalmente en la mañana y lo devolvió con sus escoltas en horas de la noche”, es decir que en vez de cuidar la cadena de custodia y legalizar la prueba, lo tuvo en sus manos varias horas y se desconoce qué hizo con él y con la información que contenía.

Por eso, la familia de la familia Pizano, encabezada por Del Río, argumenta que el entonces fiscal general ocultó y manipuló la prueba “para sustraer el contenido entre los años 2016 y 2018. […] En el peritaje se establece que en el iPad solo aparecen archivos hasta 2015”.

Del Río habló con Caracol Radio y dijo que esta prueba es muy importante porque “demuestra que esta investigación estuvo y sigue estando viciada con una intención de cerrar rápidamente el caso, pese a que existen tantas dudas”.

A ello se le suma, explica Cambio, que hay información errónea en las conclusiones de la necropsia de Pizano, en la que quieren mostrar que un infarto lo sorprendió antes de que se quitara la vida con el cinauro: “Un informe pericial de toxicología forense de Medicina Legal del 16 de noviembre de 2018 afirma todo lo contrario. Establece que no es posible encontrar rastros de cianuro en los tejidos de Jorge Enrique Pizano debido a que fueron puestos en formol, lo que eliminó de un tajo los posibles rastros en el organismo”.

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Por todo ello, finalizó el penalista en la emisora, habrá una denuncia contra Martínez para que dé explicaciones sobre estos hechos: “Aquí habría, en principio, una manipulación de evidencia probatoria y ocultamiento de la misma, lo cual evidentemente tiene que ser investigado porque él era el fiscal general de la Nación, el guardián del proceso investigativo de los protocolos y las cadenas de custodia. Es inaceptable que ese funcionario terminara con esta evidencia en sus manos“.

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