En las últimas semanas, un despacho judicial de El Rosal, Cundinamarca, había acogido la petición de la Procuraduría para no considerar esas pruebas porque la Fiscalía excedió, por mucho, el tiempo establecido para legalizar estos elementos que servirían en la investigación de la muerte del auditor de la Ruta del Sol, y de su hijo Alejandro Pizano.
La Fiscalía apeló esa decisión argumentando que no se trató de un allanamiento sino de una “inspección voluntaria”, pues los familiares del ingeniero Pizano estuvieron de acuerdo con que el CTI registrara la vivienda; y este tipo de diligencias, según el ente investigador, no son necesariamente legalizadas ante un juez.
Ahora, un juez de Funza, Cundinamarca, confirmó que la cadena de custodia y el tiempo legal no se respetaron. Además, considera que la inspección no fue voluntaria, sino que se trató de un allanamiento y debió legalizarle en las 36 horas posteriores y no cinco días después; es decir, cuando ya habían pasado más de 100 horas del operativo, señalo El Espectador.
El funcionario judicial explicó que la inspección se hace cuando se trata de una urgencia luego de ocurrir el hecho, agregó Semana, pero este no es el caso porque Pizano murió el 11 de noviembre y esta diligencia se hizo hasta el 17 y 18 de noviembre en la finca El Ático, vivienda del auditor en Subachoque, Cundinamarca.
Los jueces también consideraron que se violó la privacidad de la familia Pizano pues, pese a que hayan autorizado la recopilación de los elementos, la Fiscalía debía respetar sus derechos. Adicionalmente, el ente investigador entregó información incompleta, pues pese a que la familia entregó varias pruebas al CTI, en el acta solo se registró un celular.
Cabe recordar, que en los dispositivos electrónicos de Pizano estarían, entre otras cosas, las grabaciones que comprometen al fiscal Néstor Humberto Martínez sobre su conocimiento de las irregularidades en la concesión con Odebrecht.
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