Samper y Serpa han sostenido esa idea, en el marco de su tesis del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, según la cual el magnicidio se produjo como resultado de un complot para dar un golpe de Estado con el propósito de sacar del poder al entonces presidente Samper (1994-1998).
El asesinato del dirigente político conservador se agitó de nuevo hace dos semanas, cuando la JEP anunció que había recibido una carta del partido Farc en la que ese movimiento anunciaba que iba a reconocer responsabilidad en la autoría del crimen.
Y el volumen subió aún más cuando Carlos Antonio Lozada, exintegrante del secretariado de la guerrilla de las Farc y entonces comandante de la estructura urbana de esa organización que delinquía en Bogotá, dijo que él había transmitido la orden impartida por Jorge Suárez, alias ‘Mono Jojoy’, a las unidades a su cargo en la capital.
En este contexto se han producido las declaraciones de Ernesto Samper y Serpa, ante las cuales la familia de Gómez Hurtado emitió un comunicado este jueves en el que califica de “infames” las acusaciones que la señalan de “comprar la tesis de crimen de Estado” y de “buscar una indemnización millonaria por parte del Estado colombiano”.
Esas afirmaciones de Samper y Serpa, a quienes la familia de Gómez Hurtado califica de “principales sospechosos de su homicidio”, se han producido, agregan los allegados, “con el único fin de deslegitimar nuestras denuncias y nuestra infructuosa búsqueda de la verdad y la responsabilidad penal individual”.
Aunque recuerdan que la reparación económica es un derecho fundamental, advierten que ese “no ha sido nunca el propósito que anima” su causa. “Insinuar lo contrario, de manera perversa, es una revictimización que lesiona la memoria de Álvaro Gómez y ultraja a quienes llevamos 25 años luchando por que su crimen no quede en la impunidad: esa impunidad que tanto buscan los verdaderos autores intelectuales del magnicidio”, agrega el comunicado de la familia Gómez.
Anuncian que las eventuales indemnizaciones que deriven de condenas en el marco de la acción penal en contra de los autores materiales e intelectuales serán destinadas como donación a la Defensoría del Pueblo para la atención jurídica a través de la defensoría pública de oficio en memoria de los ciudadanos falsamente imputados en el marco de las investigaciones adelantadas a lo largo de los últimos 25 años.
“No existe ninguna demanda de reparación directa en curso en contra del Estado Colombiano por parte de los familiares de Álvaro Gómez Hurtado, situación que la prensa nacional puede validar en los sistemas de la rama judicial”, dice el comunicado en otro de sus apartes. “De generarse en cualquier escenario una indemnización monetaria de cualquier índole a favor de familiares de Álvaro Gómez Hurtado tendría el mismo destino antes anotado de fortalecer la defensoría pública de oficio a cargo de la Defensoría del Pueblo”.
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