Samper aceptó la invitación que hizo la Comisión de la Verdad a los expresidentes para que contaran lo que pasó en sus gobiernos durante el conflicto armado.

En su segunda comparecencia habló del homicidio de Gómez Hurtado, de la conspiración para sacarlo del poder y del ‘Proceso 8.000’.

Sobre Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez Castro, y quien fue asesinado a tiros en Bogotá el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba clase, dijo:

“Mi convicción es que los conspiradores o una parte de ellos, especialmente lo que he llamado aquí ‘los conspiradores de sangre’ buscaron a Álvaro Gómez para que sirviera un poco de jefe de Gobierno de la oposición en una especie de transición no democrática y se opuso”.

Agregó: “Eso corresponde mucho no solamente al talante de él sino a que él y su familia vivieron lo que era un golpe de Estado con su padre”.

El asesinato, que fue declarado en 2017 como de lesa humanidad, se dio en medio del escándalo por la supuesta financiación del cartel de Cali a la campaña de Samper, del cual el político conservador era un severo crítico.

Samper aseguró que pese a que Gómez Hurtado era su rival político, al mismo tiempo era su “amigo personal” y recordó que gestionó su libertad cuando fue secuestrado por el M-19 en 1988.

“Yo participé activamente cuando estuvo secuestrado por solicitud que me hizo (el exministro) Rodrigo Marín. Fui a Panamá como director del Partido Liberal a gestionar la liberación de Álvaro Gómez Hurtado con el M-19”.

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Los conspiradores

Samper afirmó que los conspiradores en su contra estaban en tres niveles: sociales, ideológicos y los de sangre. Explicó que los primeros eran los que asistían a cócteles y almuerzos, “y de ellos hacían parte periodistas y algunos académicos”.

De los ideológicos, dijo, buscaron al entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, para proponerle que los apoyara en salidas no democráticas, pero este no lo hizo.

Del tercer grupo dijo que tuvieron que ver en el intento de secuestro en septiembre de 1995 de su abogado, Antonio José Cancino, y del que hicieron parte “militares activos y retirados”.

Además, dijo que en su momento le pidieron al entonces fiscal de Colombia Alfonso Valdivieso (1994-1997) abrir una investigación para hallar a los que estaban detrás de esa conspiración, pero se negó.

“Valdivieso dijo que no. Si se hubiera abierto, de golpe, Álvaro Gómez, estuviera vivo”, concluyó Samper.