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La Policía Nacional de Colombia, a través de su Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), concretó el 9 de abril la extradición de Víctor Julio Almanza Mape, más conocido bajo el alias de “Ramoncito”, desde Caracas, Venezuela. Según información recogida por El Espectador y difundida por las autoridades oficiales, Almanza Mape, de 48 años de edad, era requerido por el sistema judicial colombiano para cumplir una condena de 370 meses de prisión —más de 30 años—, decisión impuesta por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Villavicencio. El caso ha sido seguido de cerca por organismos de defensa de derechos humanos y entidades dedicadas al seguimiento del fenómeno paramilitar en Colombia.
Las investigaciones presentadas por la Dijín exponen que alias “Ramoncito” desempeñó un papel central como mando medio dentro de las estructuras paramilitares que operaron en los departamentos de Meta y Guaviare, regiones marcadas históricamente por la presencia de grupos al margen de la ley. Específicamente, Almanza perteneció al Bloque Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y habría mantenido vínculos con formaciones dirigidas por Pedro Oliveiro Guerrero, conocido bajo el alias de “Cuchillo”, uno de los líderes más emblemáticos de esas organizaciones.
La información aportada por la Dijín precisa que Almanza Mape, en calidad de jefe de escuadras urbanas, fungió como enlace principal en distintos municipios, destacándose San José del Guaviare, El Retorno y Calamar. Las acciones perpetradas bajo su rango han sido calificadas por la justicia colombiana como crímenes de lesa humanidad, una categoría que implica la existencia de delitos cometidos de manera sistemática contra la población civil, entre los años 2001 y 2005. Entre los cargos que pesan sobre su nombre, destaca el homicidio en persona protegida, considerado especialmente grave dentro del marco legal.
Además, las autoridades atribuyen a alias “Ramoncito” la responsabilidad de ordenar el asesinato de ciudadanos a los que se acusaba arbitrariamente de colaborar con la guerrilla, así como su participación en torturas, desapariciones forzadas, degollamientos y entierros en fosas comunes. El relato judicial sostiene que utilizaba métodos violentos para arrancar confesiones y mantenía la coordinación entre líderes de alto rango y grupos urbanos para consumar actos criminales, lo que subraya la sistematicidad de las conductas investigadas.
Almanza Mape figuraba entre los más buscados del país, con recompensas de hasta 200 millones de pesos colombianos y un total de 16 órdenes de captura activas. Tras su captura en el estado Trujillo, Venezuela, el 10 de julio de 2016, permaneció privado de la libertad en el Centro Penitenciario Rodeo II mientras se resolvía su extradición. Ahora, se encuentra a disposición de la justicia colombiana para responder por los graves hechos investigados y juzgados, en un proceso que pone en relieve los desafíos persistentes de la lucha contra el crimen organizado en el país, según los registros de la Dijín y lo reportado por El Espectador.
¿Qué implica ser condenado por crímenes de lesa humanidad? El cargo de crímenes de lesa humanidad se refiere a actos cometidos sistemáticamente contra la población civil, como asesinatos, tortura y desaparición forzada, tal y como indica la justicia colombiana en el caso de alias “Ramoncito”. Esta calificación implica que dichos crímenes son considerados de especial gravedad, no prescriben y pueden ser perseguidos por organismos internacionales, además de originar investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares dentro del sistema judicial del país. Por eso, la tipificación de estos delitos destaca la gravedad del fenómeno paramilitar y la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia y reparación para las víctimas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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