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Cinco ciudadanos venezolanos fueron expulsados del país este lunes 27 de abril, en el marco de un operativo de rutina adelantado por las autoridades migratorias en Bucaramanga. Según informó la regional Oriente de Migración Colombia —encargada de los departamentos de Santander y Norte de Santander— el procedimiento se llevó a cabo en horas de la mañana, con traslado de los extranjeros hacia la frontera con Venezuela. La medida se sustentó en que, tras verificaciones, se determinó que estas personas incurrieron en comportamientos opuestos a la convivencia ciudadana, representando un riesgo para la seguridad nacional.
El operativo, bajo el acompañamiento de patrullas policiales, garantizó que las condiciones de traslado respetaran la protección de los derechos humanos. Así lo reportó la entidad migratoria en su más reciente balance de seguridad, en el que se destaca la importancia de Bucaramanga como ciudad receptora del flujo migratorio fronterizo, dada su oferta laboral y dinamismo económico. El director regional, Rafael Darío Eugenio, enfatizó en que las acciones ejecutadas demuestran un compromiso total por mantener la seguridad y convivencia local, tanto para residentes como para la población migrante.
En el balance presentado, Migración Colombia informó que durante 2025 se realizaron 3.488 verificaciones de identidad a extranjeros en la región, mientras que en los primeros meses de 2026 la cifra alcanzó ya 708 controles. La zona, que abarca el corredor fronterizo más activo del país, concentra el 86,3% del llamado movimiento pendular, es decir, los ingresos y salidas regulares de ciudadanos entre Colombia y Venezuela, incentivados por motivos económicos y laborales.
El año pasado, las autoridades ejecutaron 9.687 acciones operativas: revisaron 418 establecimientos comerciales, individualizaron a 314 extranjeros, dictaron 245 sanciones, realizaron 108 expulsiones y deportaciones, lanzaron 60 alertas migratorias incluyendo colaboraciones con Interpol, y lograron 36 capturas. Además, las intervenciones han focalizado espacios públicos, comercios y hoteles, con énfasis especial en la protección de menores de edad.
Otro fenómeno de gran preocupación para las autoridades migratorias es el incremento de casos de inadmisión a extranjeros por supuestas intenciones de turismo con fines de explotación sexual. Según los datos de Migración Colombia, durante 2025 se reportaron 110 casos, pero en los primeros meses de 2026 ya se superaban los 60 inadmitidos, principalmente en Medellín. Esta ciudad, una de las más visitadas del país, rechaza semanalmente a ciudadanos, sobre todo provenientes de Estados Unidos. En lo que va del año, el acumulado de casos inadmitidos en todo el país ya sobrepasa los 600.
En Antioquia, finalizado 2025 se habían prohibido 80 ingresos de extranjeros, y solo en lo que va de 2026 ya suman 48 casos, casi todos identificados en el aeropuerto internacional José María Córdova. La cifra global de inadmisiones en 2025 superó los 3.370 casos. Entre los hallazgos más relevantes está la presencia de personas con antecedentes por delitos sexuales o trata de personas, así como perfiles que, a través de redes sociales, promueven conductas delictivas. Entre los individuos deportados destaca un influenciador conocido como “Chill Capo”, quien ahora enfrenta una restricción de ingreso al país por cinco años.
¿Cómo determina Migración Colombia el riesgo representado por un extranjero?
Determinar el riesgo que puede significar un extranjero para la seguridad nacional es un proceso complejo que parte de la información recopilada durante las verificaciones de identidad y antecedentes. Según informes de Migración Colombia, se consideran conductas opuestas a la convivencia tales como antecedentes judiciales, la existencia de alertas de organismos internacionales como Interpol o la vinculación reciente con delitos graves.
Esta evaluación tiene particular relevancia en ciudades fronterizas y destinos turísticos de alta demanda, donde el flujo migratorio requiere un monitoreo constante para proteger tanto la seguridad ciudadana como los derechos de migrantes y visitantes legítimos. Así, las acciones preventivas, junto con las sanciones y expulsiones, forman parte de la estrategia estatal frente a riesgos asociados al tránsito internacional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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