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Con el paso de las horas, se siguen conociendo detalles de la situación que se registró en la vereda Bocas del Manso.
Población relata agresión de militares
Con el sudor propio de media jornada de trabajo escurriéndole por la frente, el campesino Lázaro M* se sentó a almorzar. Eran las 12:40 del mediodía del pasado lunes, cuando su tercer bocado se vio interrumpido por el llamado estruendoso y hasta grosero en su puerta.
“Salga que necesitamos hablar con ustedes, porque hay algo muy importante que decirles”, recuerda Lázaro quien al asomarse a su portón, fue sacado de un trancazo mientras escuchaba decir a los hombres armados y encapuchados que eran integrantes del frente 5 de las Farc.
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Indignado, Lázaro se puso en la fila de todos los hombres y mujeres que fueron llevados a la casa comunal, un espacio de piso de tierra y techo de madera y zinc en el que los campesinos de la vereda Bocas del Manso, de Tierralta (sur de Córdoba), se reúnen a discutir los temas de esta comunidad.
“Allí nos tiraron al piso. Éramos entre 40 y 50 personas a las que nos hicieron arrodillar y hubo un señor que se llama Darwin que no quiso y lo encendieron a plan [le dieron con la hoja de un machete]”, recuerda el labriego.
Con la actitud agresiva de los hombres armados con fusiles y pistolas y vestidos de negro y camuflado, toda la comunidad quiso hacerles frente. Una mujer, con su hijo de cinco meses en brazos, les preguntaba e insistía en que se identificaran, y lo único que logró fue que uno de ellos se le acercara, le apretara el cuello y la amenazara con una pistola.
“¿Les parece justo amenazarme con una pistola teniendo yo a mi hijo en brazos. Les parece justo? Son criminales”, les grita la mujer.
Pero estas son solo algunas de las denuncias de los habitantes de Bocas de Manso. El líder y defensor de derechos humanos de Tierralta, Eduar Petro Delgado, le aseveró a EL COLOMBIANO que los hombres armados, a los que señalaron de ser integrantes del Ejército Nacional, cometieron otros delitos contra la población: saquearon algunas casas y se llevaron pertenencias de los campesinos de la vereda; además, dice el líder, la intimidación llegó al punto de que pusieron las cabezas de algunos hombres sobre maderos y amenazaron con cortárselas.
“Desde hace aproximadamente dos años y medio están sucediendo estos hechos. Casi cada semana pasa un hecho tan lamentable como este; y qué buscaban nunca se entendió, porque terminaron robando plata, joyas, robando una tienda, sudaderas y prendas de uso civil. Realmente lo que hicieron fue desastroso y vulneratorio de toda índole”, manifiesta el líder.
Eduar Petro agregó que los militares violentaron sexualmente a una indígena a la que tocaron en sus partes íntimas y golpearon a su padre cuando este intentó oponerse. A esta denuncia hizo referencia el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien calificó la situación de muy grave y pidió a las autoridades celeridad en la investigación y en la protección a esta comunidad.
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Al otro día de las intimidaciones, arribó a la zona un grupo de militares, esta vez identificados y con las prendas características. “Pidieron un censo”, dice el líder Petro, y la comunidad les contestó que ya lo habían hecho el día anterior.
“Ahí fue cuando muchos niños y hombres reconocieron que muchos de los elementos del Ejército que llegaron a proteger sus derechos humanos eran de las mismas personas que habían estado el día anterior y le habían vulnerado su derecho”, relata.
Según Petro, los militares que llegaron tenían pañoletas que decían Batallón No. 33 Junín, la misma que tenía uno de los hombres el día anterior amarrado a su brazo izquierdo, como relató Lázaro a este diario; además de las guerreras del Ejército, las armas y las esposas para inmovilizar a los capturados.
En los videos que circularon por las redes sociales, se logra identificar el arma larga usada por los hombres armados: es un galil ACE, de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. Además, otros de los fusiles tienen el cartucho amarillo “de la vida” que, como informa el coronel (r) del Ejército y periodista, Óscar Anzola, “se llama seguro de vida y evita tiros accidentales. Para accionar el fusil, debe quitar ese seguro que es como una palanca insertada”, y también es de uso exclusivo de armas militares.
Además, según la misma carta oficial de guerra del Ejército, en la zona no hay presencia de las disidencias de las Farc pero sí operan estructuras del ‘Clan del Golfo‘.
Experto da hipótesis de actos violentos de soldados
Para el investigador y docente del conflicto armado, Néstor Rosanía, la irrupción en el territorio por parte de los militares deja varios interrogantes y plantea lo que pudo llevarlos a cometer estos hechos:
- “El primero, si los militares quieren generar la sensación de inseguridad para atacar las políticas de paz en esa zona.
- El segundo, si estos hombres armados trabajan para algunos ejércitos antirestitución de tierras o trabajan al ‘Clan del Golfo’.
- Tercero, si lo que buscaban era generar inseguridad para favorecer a alguien de cara a las próximas elecciones de octubre.
- En una cuarta hipótesis, Rosanía dice que hay que tratar de identificar o comprobar si estos militares tienen su propio negocio en algún tema relacionado con la extorsión o el boleteo”.
Tras las denuncias, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las intimidaciones y aseveró que “volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación”.
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Horas antes, un comunicado de la Séptima División indicaba que “con las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería No. 33 Batalla de Junín, de la Décimo Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional”.
Además, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, indicó que “inmediatamente se conoció la situación, se dio la instrucción a la inspección del Comando General de la Fuerzas Militares de enviar una comisión de alto nivel para verificar la situación y se puso en conocimiento de las autoridades competentes”.
De manera extraoficial, EL COLOMBIANO conoció que en la investigación por los hechos fueron separados un teniente, dos suboficiales y siete soldados que fueron enviados a Montería, sede de la Brigada 11, mientras se adelantan las investigaciones.
Mientras tanto, la comunidad prefirió desplazarse dentro de la misma vereda ante el temor de represalias por las denuncias hechas en redes sociales y en los medios de comunicación.
*Nombre cambiado por seguridad.
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