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Los bogotanos se sienten desprotegidos. Los robos a mano armada, las extorsiones, los secuestros, entre otros, son delitos que vienen en aumento. Y, pese a que la alcaldesa Claudia López ha hecho el llamado al Gobierno Nacional por apoyo para enfrentar las bandas transnacionales, y se han presentado resultados con los llamados comando especiales, no ha sido suficiente. Con los días, la inseguridad se mantiene, lo que obliga a nuevas medidas para contrarrestarla.
Como una de sus últimas acciones como alcaldesa, López radicó ante el Congreso dos proyectos, con los que busca sentar las bases de una estrategia en la que el Distrito se encargue de los delitos de menor impacto, mientras la Policía, de los grandes problemas de seguridad. Su fórmula contempla la creación de una policía local para ciudades con más de dos millones de habitantes, y equipos territoriales de convivencia, facultando a algunos funcionarios, en cabeza de los alcaldes locales, para imponer comparendos a quienes incumplan las normas o incurran en delitos menores. ¿Qué piensan los expertos?
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Policía local
Para Alberto Sánchez, investigador y experto en seguridad y defensa, crear una policía propia para Bogotá es inviable. “Primero, porque rompe uno de nuestros grandes valores estratégicos en seguridad: tener una Policía Nacional, la cual es de lo mejor que tiene Colombia, si se compara con la región. Por ejemplo, con México, que es una dispersión de policías locales, perfectamente incontrolable”.
Para él, el mayor problema es que el proyecto “subestima un poco el reto de tener un cuerpo de policía propio. Entonces, la alcaldesa, por ejemplo, ha dicho que Bogotá le ha dado mucha plata a la Policía, cerca de medio billón de pesos en cuatro años, pero eso no es nada comparado con lo que tendría que invertir si quiere un nuevo cuerpo asumiendo todas sus responsabilidades”.
Sánchez señala que Bogotá tendría que invertir en entrenamiento, infraestructura, dotación, prestaciones. “Además, para abrir un cuerpo de policía se tiene que proyectar toda la carrera policial. Posiblemente la capital puede darse el lujo de dar la discusión, pero Cali, Barranquilla o Medellín no tienen los recursos que se requieren”.
Algo diferente piensa Stella Baracaldo, experta en convivencia y seguridad ciudadana. Para ella, el proyecto le conviene a la ciudad. “Es necesario, porque hay déficit en disponibilidad de talento humano. Bogotá tiene casi 49 % de déficit policial y está demostrado. Entonces, sí le conviene. Se necesitan más policías para reaccionar más rápido o hacer prevención con las comunidades”.
Para Carolina Duque, docente e investigadora internacional sobre seguridad y justicia, la propuesta la debió hacer la alcaldesa al asumir y no a cinco meses de terminar. Dijo que es clave revisar qué sustenta la afirmación de que con la policía de Bogotá mejoraría la seguridad. “Las políticas de seguridad se deben basar en evidencia. Revisar si tener más policía realmente resuelve el problema y si la policía local es para trabajar la focalización del delito, así como los modelos implementados en Bogotá con la comunidad”, destacó Duque.
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¿Enfocarse en los delitos menores y que atentan contra la convivencia?
En la propuesta de López sobre la policía local, enfatiza que los nuevos uniformados atenderían “de forma especializada, las conductas contrarias a la convivencia y perseguiría los delitos de menor lesividad, pero de alto impacto, como hurtos, violencia intrafamiliar, lesiones personales y delitos sexuales, entre otros”.
Esta tarea la compartirían con los equipos territoriales de convivencia. Si bien para Sánchez el “atender de forma temprana y rápida incidentes relacionados con el desorden urbano y el incumplimiento de reglas, para evitar que se conviertan en delito”, esta debería ser una tarea que se cumpla con apoyo de la Policía Nacional.
No obstante, hace una sugerencia: en cuanto a los equipos territoriales, que se enfocarían en imponer comparendos a quienes incumplan normas de convivencia, se debe revisar la reincidencia y los procesos de judicialización. “Creo que atacar los delitos menores es correcto, para complementar mejor las tareas de los policías, pero eso es algo que han venido haciendo desde 2021 con los gestores de convivencia”.
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Eso sí, advierte una falla en la estrategia: “creer que hay delitos o, al menos, unos comportamientos, que se pueden atender sin la policía, es equivocado. Lo que hay que hacer es redistribuir las capacidades, para atender todos los incidentes criminales y no criminales de manera temprana”.
Para Baracaldo, “todos en el país estamos queriendo que haya una policía civilista, que atienda la convivencia, que es lo que dice el artículo 5 de la Ley 1801, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Lo que queremos es que se atienda el tema del conflicto cercano a las comunidades y, de esa manera, evitar que escale a la violencia. Esto es algo urgente, pero no necesariamente lo tiene que atender la Policía”.
La experta cree necesario contar con más personas que ayuden a prevenir y a tratar el conflicto, “pero esto implicaría disminuir la cantidad de policías dedicados a combatir delitos de alto impacto. La solución estaría en crear otros cuerpos o que la Policía atienda solo temas de convivencia”.
Equipos territoriales de convivencia
Para el experto Sánchez, es poco probable que la comunidad le haga caso a un equipo de gestores, que operan sin la presencia de la Policía. Incluso, podría llegar a ser peligroso para los que vayan a ejercer esas funciones. “El gestor no puede hacer una captura, entonces pensar en atender unos delitos sin policías, para mí, es una comprensión errada de la seguridad”.
Según Baracaldo, “si crece la Policía, aumentará la demanda de las autoridades locales. Entonces se necesita, por ejemplo, ampliar los inspectores, pues nada sacamos con más policías si no va a haber capacidad de atender todos. Hay que aumentar las unidades de mediación”.
Ella afirma que “se necesita desactivar toda una red al mismo tiempo que se activa con más policías. O si no, va a suceder lo que ocurre hoy en centros de reclusión como las URI, donde los policías están pendientes de una gran cantidad de delitos que toca judicializarlos y allí no hay quien se los reciba. Es toda la red institucional”.
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Retos para el futuro alcalde
Frente a la situación de la capital, el futuro alcalde recibirá una ciudadanía con una percepción bastante negativa sobre la seguridad. De acuerdo con Sánchez, la apuesta de la siguiente administración debe ser mantener una conversación muy clara con la Nación y dirigir todos los recursos que pueda al fortalecimiento de la Policía Nacional. “Por ejemplo, en el proceso de incorporación, de entrenamiento y rotación de los policías, a la buena formación y a la especialización. Eso sería más estratégico, teniendo en cuenta que la Policía es un valor gigante que tenemos como país, que debemos proteger y fortalecer”.
Finalmente, Baracaldo, pese a ver con buenos ojos la idea de la mandataria, considera que es inoportuna y poco efectiva. “Ella tuvo la oportunidad de proyectar este supuesto aumento de policía en su administración y ahora lo está haciendo cuando ya se va a ir. Eso es un proyecto de ley que se demora en discusión y la inseguridad amerita mecanismos urgentes de acompañamiento a las comunidades, en todas las problemáticas que se están está viviendo”.
Para la experta, el reto para la próxima administración es hacer lo que la alcaldesa López no pudo en su periodo: atender las solicitudes ciudadanas de seguridad. “El reto es tener muy claro que su razón de ser como gobernante es la protección de una población y ahora la población se siente muy desprotegida”, concluye.
Por lo pronto, en medio de una nueva contienda electoral, los ciudadanos siguen a la espera de medidas urgentes contra la situación de inseguridad que los azota. Falta ver cuál de todas las propuestas que hoy rondan en medio de la campaña convence a los bogotanos, pero lo más importante es que se pueda concretar, para devolverles la tranquilidad.
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