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Un grupo de exmiembros del antiguo secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), hoy firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, le solicitó al gobierno de Abelardo de la Espriella detalles concretos sobre cómo se implementará ese acuerdo durante sus próximos cuatro años de administración. En una carta firmada por Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julian Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez, los excombatientes plantearon preguntas sobre los posibles cambios que la nueva administración contempla respecto a la estructura institucional del acuerdo, así como las reformas que podrían afectar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
De acuerdo con la información difundida por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, los firmantes formularon un derecho de petición de 16 páginas argumentando sus inquietudes con razones fácticas y jurídicas. Entre las preocupaciones centrales están los anuncios del gobierno de eliminar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, suprimir varios cargos de la Presidencia y trasladar funciones clave a una figura denominada “Comisionado Nacional de Seguridad”. Además, temen por la posible fusión o eliminación de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyo papel es fundamental para la seguridad de los firmantes.
Los solicitantes exigieron conocer los estudios técnicos, jurídicos y fiscales que respalden estas decisiones, así como documentos oficiales elaborados en el proceso de empalme gubernamental en materia de paz. Insisten en la claridad de las medidas que se van a tomar para proteger la vida y seguridad de los firmantes, especialmente en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). También preguntan si instancias importantes como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Subdirección Especializada de la UNP, el Cuerpo Élite de la Policía y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) seguirán activas.
Por otro lado, señalan que los decretos que respaldan el acompañamiento psicosocial y el apoyo económico básico para la reincorporación de excombatientes vencerán el 31 de diciembre de 2026, sin que exista información sobre una prórroga. Frente a la revisión que el ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, los firmantes desean saber si la administración impulsará modificaciones a su estructura, autonomía y funcionamiento a través de proyectos de ley o decretos.
El grupo recuerda que, según la Corte Constitucional, el cumplimiento del Acuerdo de Paz es obligatorio hasta 2030 y no puede ser desmontado unilateralmente. Por ello, presentan 16 solicitudes específicas en busca de información oficial sobre la política de paz, entidades responsables, presupuestos y medidas concretas para cumplir el acuerdo y el Plan Marco de Implementación (PMI).
¿Qué cambios teme el antiguo secretariado de las Farc en la implementación del Acuerdo de Paz?
El antiguo secretariado, según su derecho de petición, teme que el nuevo gobierno elimine o modifique entidades clave, como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Unidad Nacional de Protección (UNP), además de posibles cambios en la arquitectura institucional y en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estas modificaciones afectarían la seguridad, la reincorporación y la garantía de derechos de los firmantes del Acuerdo.
¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por qué preocupa su reforma?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el mecanismo de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016 para juzgar crímenes relacionados con el conflicto armado. Los firmantes del acuerdo expresan preocupación porque el gobierno plantea revisar su estructura y duración, algo que podría limitar su autonomía y afectar la garantía de justicia y verdad para las víctimas.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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