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Este artículo fue curado por Frank Hoyos   Ago 16, 2023 - 4:49 pm
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La Corte Suprema de Justicia condenó a exgobernadores de Magdalena por irregularidades en contratos para la construcción de una piscina olímpica en Santa Marta, un millonario “arreglo” con inconsistencias de los anticipos y las obras ejecutadas finalmente no sirvieron.

A través de un comunicado la Corte anunció la condena para Ómar Ricardo Diazgranados Velásquez y Francisco José Infante Vergara, exgobernadores del Magdalena, por irregularidades en la construcción de una piscina olímpica en la capital del departamento.

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Entre las irregularidades se encontró que ese negocio jurídico se adelantó, sin:

    • sin contar con estudios, diseños y presupuesto

    • con un fraccionamiento del contrato.

Un millonario contrato por un “elefante blanco”

Indicó el alto tribunal que el exgobernador Diazgranados Velásquez fue condenado como autor del delito de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a las penas de 11 años, 8 meses y 21 días de prisión, y al pago de una multa de $ 266.370.846 más 59.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

También quedó inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 142 meses y 9 días.

Además, fue condenado a la inhabilitación intemporal del inciso quinto del artículo 122 de la Carta Política.

Y el exgobernador encargado Infante Vergara fue condenado como coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a las penas de 4 años y 4 meses de prisión, al pago de una multa de 56.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 63.4 meses.

De otro lado, el señor Infante Vergara resultó absuelto por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en hechos relacionados con el contrato 359 de 2007, precisó el máximo tribunal de la justicia ordinaria.

Las investigaciones adelantadas demuestran que la Federación Colombiana de Natación remitió un oficio describiendo las medidas oficiales de la piscina olímpica en cuanto a longitud, ancho, y profundidad en cada carril.

Especificaciones que no habían sido contempladas en el contrato, para cumplir con las medidas reglamentarias el gobernador encargado, Pedro Pablo Pabón Miranda, el 28 de diciembre de 2007, suscribió una adición al contrato por la suma de $ 80.509.042.50. Ellos no son los únicos gobernadores que están siendo investigados por irregularidades en la ejecución de obras.

Previamente, mediante Resolución núm. 911 de 23 de octubre de 2007, Francisco José Infante Vergara, a la sazón gobernador encargado, había ordenado la apertura de la contratación directa del suministro y adecuación (filtro, bomba, dosificación de cloro, accesorios, acometidas eléctricas) de la piscina olímpica, que fue adjudicada a la sociedad TECNOAGUAS7, con quien suscribió el contrato de suministro núm. 359 de 9 de noviembre de 2007,

El valor de dicho contrato se firmó por $ 114.937.270, con plazo de ejecución de 30 días y acta de inicio del 30 de noviembre de 2007, suscrita una vez el contratista recibió el anticipo del cincuenta por ciento del valor del contrato

¿Qué dice la sentencia ?

De acuerdo con la sentencia condenatoria, en 2007, siendo gobernador encargado del Magdalena, Francisco José Infante Vergara tramitó el contrato 363 de 2007 con la empresa Unión Temporal Vala Ingeniería, con el fin de ejecutar obras para la adecuación y reparación de la piscina olímpica José Benito Vives de Andreis, de la ciudad de Santa Marta.

Ese contrato fue suscrito sin que se cumplieran los requisitos legales, el 9 de noviembre de ese año, por un valor de $ 259.702.808″, se lee.

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“La sentencia condenatoria también señala que cuando Ómar Ricardo Diazgranados fue elegido gobernador del departamento del Magdalena -cargo que ejerció desde enero de 2008 hasta diciembre de 2010-, pese a que estaba enterado de las irregularidades técnicas y administrativas de los contratos 359 y 363 de 2007 para la piscina olímpica,

A su vez, no solo cambió el objeto del contrato, sino que autorizó el pago de actas parciales, que se girara el anticipo de la adición y se pagara el saldo final del contrato de obra número 363.

Todo esto por un valor de $ 340.211.850, “pese a que la obra no había sido culminada ni estaba prestando ningún servicio a la comunidad”, reporta la Corte Suprema.

Agrega el fallo que el entonces gobernador Diazgranados también ordenó irregularmente pagar el saldo del contrato de suministro 359, por $56.010.400, pagando en total $113.479.035.

La sentencia condenatoria de primera instancia

Finalmente la decisión advierte que, “el resultado de todo esto fue, sin duda alguna, comprendido por el procesado, quien a pesar de ello no se detuvo y produjo el resultado cambiando el objeto de lo contratado y liquidando una contratación irregular”.

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Por otro lado, “se autorizaron pagos por obras no realizadas, serias irregularidades que constan en los distintos informes de policía judicial y que se cumplieron en una secuencia tal que permite suponer fundadamente que todo fue perfectamente calculado para permitir que los particulares se apropiaran de los recursos destinados para el suministro de los equipos de la piscina y para la obra de reparación y adecuación de la misma”

La sentencia, contra la cual procede el recurso de apelación, tuvo dos salvamentos parciales de voto y una aclaración.

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