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Al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, la Procuraduría le abrió un proceso por presuntas irregularidades en la contratación del mejoramiento de las vías terciarias del departamento y el uso inadecuado de los recursos de las regalías.
De acuerdo con el organismo, se estima que las anomalías en el contrato, que se desarrolló en el Occidente antioqueño, habrían generado un detrimento patrimonial en un contrato de 22.700 millones de pesos.
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Las irregularidades pasaron, según el Ministerio Público, porque las obras quedaron inconclusas, hubo deficiencias en los estudios topográficos y diseños hidráulicos previos a la obra. También se conoció que se cambiaron las condiciones técnicas y las vigencias de las pólizas para este proyecto serían insuficientes para cualquier eventualidad.
Sin embargo, dice el Ministerio Público, el contrato se asignó “sin tener en cuenta las disposiciones legales para la contratación pública”, caso similar al de dos exalcaldes de Santa Marta que están bajo la lupa.
El contrato se le adjudicó a la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño y estos debieron ejecutarse entre los años 2020 y 2021, pero ante las inconsistencias estos no se habrían terminado adecuadamente. La ejecutora sería la contratista Sigma Construcciones, a quien le habrían adjudicado estas obras sin tener en cuenta las disposiciones para a contratación pública.
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Por esta situación, la Procuraduría también abrió investigación contra los secretarios de Infraestructura de Antioquia de ese tiempo, Juan Pablo López y Santiago Sierra Latorre, al igual que al director de la asociación y a la supervisora del contrato de interventoría.
Este proceso se le lleva a cabo a Gaviria Correa por cuenta de una gran investigación realizada por el Ministerio Público, contra otros tres gobernadores del país, por cuenta de las irregularidades en la ejecución del dinero de regalías.
Los procesos son en contra de los mandatarios departamentales de Huila, Luis Enrique Dussán López; Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, y Guaviare, Heyder Yovanni Palacio Salazar, ya que las irregularidades de estos mandatarios, sumadas, ascienden a los 88.065 millones de pesos.
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Los recursos, en estos casos, fueron destinados a proyectos de infraestructura vial y fortalecimiento de emprendimientos agrícolas, los cuales quedaron inconclusos, señalaron desde la Procuraduría.
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