El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Un año después de los primeros hallazgos de restos de víctimas de desaparición forzada en La Escombrera, en Medellín, continúa la preocupación por la falta de recursos asignados de manera directa por el Gobierno Nacional a la búsqueda de personas desaparecidas. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, reiteró recientemente la importancia de que el Gobierno se vincule económicamente a este proceso. Según sus declaraciones, hasta hoy estos compromisos han sido afrontados principalmente por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, por lo cual la participación del Ejecutivo central resulta crítica para poder avanzar de manera decidida en los trabajos pendientes en la zona.
El respaldo financiero insuficiente ha puesto en evidencia el reto de mantener el ritmo de excavaciones en La Escombrera, un sector marcado por el dolor de miles de familias que aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. El magistrado Gustavo Salazar Velázquez detalló que la JEP es responsable de suministrar a los equipos técnicos forenses y personal necesario para las labores, mientras que la administración local vela por el bienestar de las víctimas y facilita la maquinaria amarilla empleada en las excavaciones. Este engranaje operativo, sin embargo, depende en gran medida de la renovación constante de los recursos y la cooperación entre instituciones.
De acuerdo con Salazar Velázquez, en estos momentos se está adelantando la recontratación de la maquinaria, lo que permitirá retomar las excavaciones la semana siguiente. Los fondos están asegurados solo hasta mediados o finales de agosto. Además, la JEP gestiona conversaciones con varias entidades, entre ellas el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, para explorar nuevas fuentes de financiamiento que permitan sostener la búsqueda más allá del corto plazo.
La discusión sobre la financiación coincide con el debate público en torno a la rendición de cuentas de la JEP, presentado el 6 de febrero de este año. En su balance financiero, la JEP se distinguió como la entidad del sector justicia con mayor nivel de ejecución presupuestal durante el último año fiscal. Conforme a los informes del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, la ejecución alcanzó el 99,3 %, un porcentaje que evidencia el esfuerzo y la capacidad de la institución para gestionar los recursos disponibles.
En 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz recibió un total de 777.069 millones de pesos colombianos (COP) del Presupuesto General de la Nación. De ese monto, 588.211 millones sirvieron para el funcionamiento de la entidad, mientras que 188.858 millones se dirigieron a proyectos de inversión. Las auditorías realizadas confirmaron que los recursos fueron utilizados de manera prácticamente total.
Gracias a estas asignaciones, la JEP pudo garantizar la participación de las víctimas y el desarrollo efectivamente de los procesos judiciales. Esto se tradujo en la representación judicial de 6.555 víctimas, la acreditación de 2.063 víctimas individuales, 55 sujetos colectivos, así como la realización de 99 jornadas de acreditación. Además, la Jurisdicción adelantó más de 235 audiencias públicas, 329 encuentros preparatorios, 518 diligencias judiciales y 338 versiones de compareciente. Todo ello muestra el impacto del financiamiento asignado, aunque deja abierto el debate sobre la suficiencia de los recursos para operativos específicos y continuos, como los que se realizan en La Escombrera.
¿Qué implica la excavación en La Escombrera para las familias de las víctimas de desaparición forzada?
La búsqueda y excavación en La Escombrera representa una labor de enorme importancia y carga emocional para las familias de las víctimas de desaparición forzada. Este proceso significa no solo un esfuerzo administrativo y judicial, sino también la materialización de una esperanza largamente anhelada por quienes llevan años esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. La posibilidad de recuperar restos humanos y avanzar en la identificación genera avances concretos en los caminos de reparación y verdad.
La importancia de estos trabajos radica también en la dignificación de las víctimas y en el cumplimiento de los compromisos de justicia transicional, establecidos tras el acuerdo de paz en Colombia. Que la labor de excavación cuente con recursos y respaldo interinstitucional es parte indispensable para que las víctimas puedan acceder a la justicia, la memoria y la reparación integral.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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