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La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió recientemente sobre una alarmante situación de cara a las elecciones nacionales de 2026. Se identificó que 170 municipios en el país presentan un riesgo coincidente derivado de la presencia de factores indicativos de fraude y de violencia electoral. Según el informe publicado por la MOE, esta cifra está desglosada en 81 municipios con riesgo extremo, 51 con riesgo alto y 38 en riesgo medio, dejando en evidencia un escenario electoral especialmente delicado en varias regiones.
El diagnóstico regional establece a las subregiones de Arauca; el Nordeste Antioqueño y el sur de Bolívar; el andén Pacífico; el norte del Cauca; el suroriente del país (incluyendo algunos municipios de Meta, Caquetá y Guaviare); y el medio y bajo Putumayo, como zonas críticas donde la confluencia de amenazas puede poner en jaque el desarrollo transparente de los comicios. Estos datos hacen parte del libro “Mapas y Factores de Riesgo Electoral – Elecciones nacionales 2026”, preparado por 37 analistas e investigadores de 17 instituciones distintas, entre ellas universidades, centros de pensamiento y organizaciones no gubernamentales especializadas.
De acuerdo con Alejandra Barrios, directora nacional de la MOE, el crecimiento del riesgo es preocupante: en las elecciones de 2022, la cifra de municipios afectados por la confluencia entre fraude y violencia era de 131, mientras que para 2026 se eleva a 170, lo que representa un ascenso del 29,7 %. El aumento es especialmente significativo en el nivel de riesgo extremo, que pasó de 49 a 81 municipios, un crecimiento del 65,3 %.
El estudio evidencia un fuerte foco de preocupación en el departamento del Cauca. De los 81 municipios en riesgo extremo, 19 están allí, y sorprende que 14 de ellos pasaron de no estar en riesgo en 2022 a ubicarse en el nivel más alto para 2026. Estos municipios, junto con el resto de los identificados, agrupan a más de 4,5 millones de personas habilitadas para votar, es decir, el 11 % del censo electoral nacional, excluyendo a Bogotá por sus particularidades urbanas.
El análisis de la MOE utiliza mapas consolidados que consideran tanto los factores indicativos de fraude electoral como los de violencia. Los factores de fraude incluyen anomalías estadísticas detectadas en los patrones de votación de los anteriores procesos (2014, 2018 y 2022), tales como niveles extraordinarios de participación, tarjetones no marcados, votos nulos y dominio electoral elevado. En cuanto a violencia, se contemplan amenazas de grupos armados ilegales, ataques a liderazgos sociales, restricciones a la movilidad y vulneraciones a la libertad de prensa.
Para la Cámara de Representantes, la investigación identificó 383 municipios y corregimientos departamentales con algún nivel de riesgo por fraude electoral; para el Senado, la cifra fue de 334. Un total de 27 municipios están en riesgo extremo tanto para Cámara como para Senado, concentrados principalmente en Córdoba y Antioquia.
La MOE también advierte que 339 municipios muestran riesgos relacionados con factores de violencia, de los cuales 126 están en riesgo extremo. Llama la atención que 75 de estos municipios forman parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), diseñadas para dar representación política a territorios afectados por el conflicto.
El aumento sostenido del riesgo desde 2018 refleja limitaciones en la implementación del Acuerdo de Paz y una creciente fragmentación de la violencia, relacionada con el control de economías ilegales y su potencial para afectar la competencia y la libertad en el ejercicio del voto. Frente a este contexto, la MOE exhorta al gobierno, a la Fuerza Pública y a las autoridades electorales a priorizar la seguridad y la transparencia en los territorios de riesgo extremo, para garantizar un proceso electoral libre y seguro.
¿Por qué es relevante el análisis del riesgo electoral para las elecciones de 2026?
El examen detallado sobre la concurrencia de riesgos de fraude y violencia, como el propuesto por la MOE, resulta fundamental para comprender los retos que enfrentan las instituciones encargadas de proteger los procesos democráticos. La detección temprana de focos críticos puede permitir que el Estado adopte medidas específicas de prevención y protección y, de este modo, resguardar la legitimidad del voto en regiones históricamente vulnerables.
Esta relevancia se acrecienta en un panorama donde el incremento de los municipios en riesgo extremo resalta la persistencia de factores estructurales no resueltos, como la presencia de grupos armados ilegales y las fallas en la garantía de seguridad. Abordar estos desafíos exige un esfuerzo coordinado entre agencias estatales y la sociedad civil para asegurar condiciones igualitarias y seguras para todos los votantes en las próximas elecciones nacionales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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