El Gobierno de Estados Unidos expresó preocupación por los recientes señalamientos que apuntan a posibles vínculos entre altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro y disidentes de las Farc, catalogadas por Washington como una organización terrorista. La advertencia fue transmitida por medio de un portavoz del Departamento de Estado, quien confirmó que la administración Trump sigue de cerca la evolución de estos reportes.
“Conocimos los informes que alegan vínculos entre altos mandos de funcionarios de la administración Petro y disidentes de las Farc. Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a investigar a fondo esas acusaciones y tomar las medidas pertinentes”, aseguró el vocero en respuesta a Noticias Caracol.
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El pronunciamiento representa una de las declaraciones más directas de Estados Unidos frente a este tema y subraya la expectativa de Washington de que las investigaciones avancen con celeridad y transparencia.
#LOÚLTIMO | El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció tras la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los archivos secretos de alias Calarcá que dejan en evidencia la presunta relación entre un general y un alto funcionario de la Dirección… pic.twitter.com/AzfBnNFw3T
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 25, 2025
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la fiscal Luz Adriana Camargo, ya emitió un comunicado en el que aseguró que “resulta alarmante” que se haya filtrado la información que estaba en poder de la Dijin.
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La fiscal Camargo afirmó que los hechos relacionados con la captura de varios disidentes de las Farc en vías de Antioquia, incluido alias Calarcá, el 23 de julio de 2024, están completamente claros para la justicia. Explicó que, aunque algunos de los capturados fueron procesados judicialmente, otros —entre ellos el líder de la estructura— recuperaron la libertad debido a la resolución que ordenó la suspensión de las órdenes de captura.
“Ni el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, DECOC, superiores jerárquicos de esa funcionaria, recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”, dijo la Fiscalía.
Por su parte, Gustavo Petro ya reaccionó también al informe del medio citado. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que los reportes que involucran a Huertas y Mejía no son ciertos y hasta señaló al Gobierno de Iván Duque.
“En el gobierno de Duque la entrega de permisos legales a criminales fue masivo. El negocio se intentó perpetuar, pero lo detuve”, dijo el presidente.
Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos.
Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2025
Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido un comunicado en respuesta a la declaración del portavoz.
Qué dice el informe de Noticias Caracol sobre alias ‘Calarcá’
La investigación de Noticias Caracol, adelantada durante un año, reúne chats, correos, fotografías y documentos obtenidos de los archivos de alias ‘Calarcá’, uno de los jefes de las disidencias. Ese material sugiere una posible cercanía entre su organización y los altos funcionarios mencionados.
Los archivos también contienen intercambios entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’, actualmente objetivo de operaciones militares. En esas conversaciones, ‘Mordisco’ habla de supuestas evidencias relacionadas con la financiación de la campaña ‘Petro presidente’ e incluso se menciona a la vicepresidenta Francia Márquez.
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El presidente, por su parte, sostiene que todo forma parte de un intento de desprestigiar a quienes —según afirma— han denunciado irregularidades dentro de la fuerza pública.
Reitera además que las agencias de inteligencia deben divulgar sus reportes en tiempos razonables y que no se puede permitir que la información interna sea utilizada con fines distintos a la depuración institucional. El asunto continúa bajo investigación.
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