En un contexto marcado por la consternación tras el atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio, los partidos de oposición e independientes hicieron un anuncio que encendió las alarmas.
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En una declaración liderada por Alexander Vega, codirector del Partido de la U, las colectividades anunciaron que no reconocen al presidente Gustavo Petro ni al ministro del Interior, Armando Benedetti, como garantes del proceso electoral para las elecciones de 2026.
Esta decisión se tomó luego de una reunión con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en paralelo a una sesión de la Comisión de Seguimiento Electoral convocada por el Gobierno en la Casa de Nariño.
Los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal, La U, Cambio Radical, Mira, ASI, La Liga de Gobernantes y Colombia Justa Libre expresaron su desconfianza en las garantías ofrecidas por el Ejecutivo para los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo del mismo año.
“No reconocemos ni sentimos garantías ni del presidente Petro, ni del Gobierno Nacional para que presida el proceso electoral en esta comisión. No reconocemos garantías en el Gobierno y acudimos al procurador general para que active la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral a la que así acudiremos”, afirmó Vega.
Partidos piden que el procurador asuma liderazgo para elecciones
La solicitud formal de los partidos es que el procurador general, Gregorio Eljach, asuma el liderazgo de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, argumentando que el Gobierno ha mostrado sesgos contra la oposición y los independientes.
Esta petición se produce en medio de la indignación provocada por el ataque a Uribe Turbay, quien recibió tres impactos de bala durante un acto político en el occidente de Bogotá, un hecho que ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad de los precandidatos y la integridad del proceso electoral.
La decisión de los partidos de no participar en la Comisión de Seguimiento Electoral convocada por el Gobierno refleja una ruptura en el diálogo con el Ejecutivo.
Alexander Vega, exregistrador nacional, señaló que las condiciones actuales no garantizan un proceso democrático transparente, acusando al Gobierno de no ofrecer un ambiente neutral para las elecciones.
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